Una fuente reveló al medio La Mesa Redonda que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó la confiscación del Jockey Club de Granada, un emblemático centro deportivo y recreativo con más de medio siglo de historia, para destinar sus terrenos a un proyecto habitacional oficialista.
De acuerdo con el informante, la Policía Orteguista llegó recientemente a las instalaciones y ordenó a los socios y trabajadores abandonar el lugar, prohibiéndoles usar teléfonos celulares para registrar el operativo. El personal fue despedido y se dispuso el cierre de la propiedad.
La fuente aseguró que el régimen habría advertido a los socios que no hicieran declaraciones públicas. El plan, según la versión filtrada, es destinar el terreno a la construcción de viviendas denominadas “casas solidarias”, con un esquema de pago inicial de 500 dólares y cuotas de 100 dólares mensuales.
Entre los accionistas del Jockey Club se encuentran las familias Lugo y Chamorro. Los Lugo, vinculados al fallecido exjefe de la Policía René Vivas Lugo —también directivo de la empresa de seguridad privada SERVIPRO—, ya habían sufrido confiscaciones en los años 80.
En SERVIPRO también figura como socio Francisco Bautista Lara, exsubdirector de la Policía y exembajador de Nicaragua ante el Vaticano.
El 6 de agosto, medios oficialistas anunciaron el inicio de la urbanización “Nuevas Victorias” en Granada, un proyecto de 1,010 viviendas, con una primera fase de 280 unidades, que contará con servicios básicos, calles pavimentadas, áreas deportivas y piscinas.
El régimen lo presenta como parte de su “voluntad política de garantizar el derecho a una vivienda digna”.
El Jockey Club de Granada, ubicado en el kilómetro 45 ½ de la carretera Managua–Granada, era sede de actividades como ciclismo, rugby, monta taurina, corridas de toros y campeonatos nacionales de caballos bailadores. También fue escenario de eventos ecuestres internacionales, como el juzgamiento de caballos iberoamericanos en la Feria del Caballo Español Bicentenario.
La historia de este club ha estado marcada por la intervención estatal. Fue confiscado por el sandinismo en 1979, parcialmente devuelto a sus socios en 1997, y completamente restituido en 2004, tras un proceso legal con el Ejército.
Entre sus directivos a lo largo de los años figuraron destacados miembros de la sociedad granadina, como Mauricio Chamorro, Joaquín “Quincho” Chamorro Pasos, Róger Barberena y Javier Sánchez.
Con esta nueva incautación, el régimen suma otro capítulo a la lista de propiedades privadas tomadas en los últimos años, reforzando el patrón de confiscaciones en Nicaragua.