La decisión del Gobierno de Estados Unidos de revisar los beneficios comerciales de Nicaragua en el marco del Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR) ha desatado una oleada de reacciones entre economistas, opositores y organizaciones del exilio, que advierten de un fuerte impacto económico y social, y responsabilizan directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de haber provocado la medida con su política represiva.
El economista nicaragüense Enrique Sáenz calificó como “la noticia del día y seguramente de las próximas semanas” la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de poner en cuestión los beneficios del CAFTA-DR para Nicaragua.
Sáenz señaló que las exportaciones hacia el mercado estadounidense representan el 35 % del total nacional en 2025 —39 % en 2024— y que los principales productos enviados son oro (49 %), carne (16 %), café (13 %) y queso (4 %), además de azúcar, tabaco, langosta y frijoles.
El informe del USTR, emitido bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, acusa al régimen de Ortega-Murillo de violar derechos humanos y laborales, desmantelar el Estado de derecho y crear un entorno hostil para la inversión.
Entre las opciones planteadas figuran la suspensión de los beneficios del CAFTA-DR y la imposición de aranceles de hasta 100 % sobre productos nicaragüenses.
Desde la oposición, el dirigente Luis Blandón, de UNAMOS, afirmó que “la dictadura ha provocado estas sanciones y puede evitarlas solo con una transición democrática real”, que incluya la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados, y la restitución de derechos ciudadanos y de propiedad.
Por su parte, Félix Maradiaga lamentó el impacto sobre trabajadores y exportadores, pero sostuvo que “la responsabilidad recae totalmente en una dictadura que ha destruido la confianza, la inversión y la libertad”.
La Fundación para la Libertad de Nicaragua respaldó la medida como una “presión legítima y necesaria” y subrayó que “las sanciones son consecuencia directa del comportamiento autoritario del régimen, no del pueblo nicaragüense”.
La organización instó a la sociedad civil y al sector privado a participar en la consulta pública abierta por el USTR hasta el 19 de noviembre, donde podrán presentar observaciones sobre el caso.
En un tono similar, la Gran Coalición Opositora Nacional (GCON) advirtió que, de aplicarse los aranceles del 100 %, los sectores más afectados serían el textil y confección (zonas francas), así como los rubros del café, carne y azúcar, que dependen en gran medida del acceso preferencial al mercado estadounidense.
“Esto equivale a una expulsión práctica del CAFTA-DR”, alertó el bloque.
Los Liberales en el Exilio también respaldaron la investigación del USTR y recordaron que la medida es resultado de una larga lista de abusos económicos y confiscaciones cometidas por el régimen contra empresas y trabajadores.
La opositora Convergencia manifestó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que Nicaragua sea retirada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA), “una medida que tendría consecuencias devastadoras para la economía nacional y, especialmente, para las familias trabajadoras”.
Tanto economistas como organizaciones coinciden en que la suspensión de los beneficios del CAFTA-DR tendría un efecto devastador sobre la economía nicaragüense, pero insisten en que la causa del aislamiento internacional radica en la represión, el autoritarismo y la falta de democracia en el país.