La Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el orteguismo aprobó este 4 de diciembre de 2025, la renuncia del magistrado Marvin Ramiro Aguilar García a su cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una decisión atribuida a supuestos motivos de salud.
Según la carta enviada al sancionado presidente del Parlamento, Gustavo Porras Cortés, Aguilar explicó que su estado de salud exige cuidados permanentes y una reducción considerable de sus actividades, lo que —según afirma— le impide continuar ejerciendo sus funciones con el rigor que demanda el trabajo jurisdiccional.
En la misiva, Aguilar sostuvo que durante su permanencia en el máximo tribunal buscó “honrar la confianza depositada” en él, desempeñándose con apego a la Constitución, las leyes y los principios éticos de la administración de justicia.
Nueva magistrada propuesta y aprobada
Este mismo 4 de diciembre, el orteguismo tramitó la propuesta enviada por Porras para cubrir la vacante.
Con votación unánime, los diputados de facto aprobaron el nombramiento de María Elsa Frixione Ocón, hasta ahora Procuradora Nacional Constitucional de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), como nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Frixione Ocón llega a la CSJ en un contexto de continuos movimientos internos y reacomodos en el sistema judicial, marcado por destituciones, purgas y reconfiguraciones alineadas al control político del régimen.
Un magistrado clave en medio de tensiones internas
Aunque su cargo formal era el de vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar ejercía de facto la presidencia del Poder Judicial tras la salida forzada de la magistrada Alba Luz Ramos en octubre de 2023, durante la primera gran purga en la estructura judicial del país.
La salida de Aguilar ocurre también después de que su asistente principal, Nadezda Cerna, fuera destituida, trasladada al centro de detención del Auxilio Judicial —conocido como El Chipote— y presuntamente interrogada, según reportes extraoficiales.
Con el nombramiento de Frixione Ocón, el régimen completa un nuevo ajuste en la Corte Suprema de Justicia, consolidando el control político sobre una institución clave en el aparato estatal.