La Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó este miércoles en segunda legislatura la reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad en Nicaragua, una decisión ordenada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo y que profundiza la política de desnacionalización aplicada contra opositores desde 2018.
Con 90 votos a favor por parte de los diputados de facto, quedan reformados los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, estableciendo que la nacionalidad nicaragüense se perderá al adquirir otra nacionalidad, salvo una excepción limitada para ciudadanos centroamericanos.
Tras su aprobación definitiva, la reforma será enviada a La Gaceta, Diario Oficial, para su entrada en vigor, prevista para este enero de 2026.
La reforma ya había sido aprobada en primera legislatura en mayo de 2025 y su ratificación en segunda legislatura se convierte en el primer encargo político del régimen al Parlamento en este año, en medio de un proceso más amplio de modificación de la Carta Magna orientado a consolidar el poder absoluto de la pareja gobernante.
¿Qué cambia la Constitución?
El nuevo texto del artículo 23 establece que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al adquirir otra nacionalidad”. La única excepción contempla a personas centroamericanas, quienes podrán conservar la nacionalidad de su país de origen y optar por la nicaragüense.
Para el resto de extranjeros, la naturalización solo será posible mediante la renuncia previa a su nacionalidad original.
Durante la presentación de la reforma, el oficialismo justificó el cambio señalando que la nacionalidad “no es un trámite administrativo, sino un pacto de lealtad”, argumentando que no puede existir “doble fidelidad” y que quien adquiere otra ciudadanía rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua.
Una reforma con trasfondo represivo
Aunque el régimen aseguró posteriormente que la reforma no será retroactiva —y que quienes ya poseen doble nacionalidad no la perderán—, analistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la medida refuerza el andamiaje legal para nuevas represalias políticas.
La eliminación de la doble nacionalidad se suma a reformas previas, como la Ley No. 1190, publicada en enero de 2024, que permitió despojar de la nacionalidad a personas declaradas “traidoras a la patria”, una norma aprobada después de que el régimen ya hubiese ejecutado desnacionalizaciones masivas contra opositores, periodistas, activistas y líderes religiosos.
Con esta reforma, el régimen de Ortega y Murillo constitucionaliza prácticas represivas que ya aplicaba de facto y avanza en el desmantelamiento de derechos fundamentales, en un país marcado por el exilio forzado de cientos de miles de nicaragüenses y la persecución sistemática de la disidencia.