Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU acusó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de desviar fondos públicos para financiar la represión política y de mantener una red transnacional de vigilancia e inteligencia dirigida contra opositores dentro y fuera del país.
El documento sostiene que la persecución política en Nicaragua está organizada desde el Estado y se ejecuta a través de diversas instituciones gubernamentales.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, señaló que “la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua”.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, afirmó Simon.
Desvío de fondos para financiar la represión
El informe, basado en decenas de entrevistas y en evidencia documental, concluye que desde las protestas de 2018, el régimen habría desviado recursos públicos para sostener operaciones represivas.
Según los expertos, fondos destinados originalmente a programas sociales, proyectos de limpieza y gastos operativos del Estado fueron redirigidos para financiar operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Estas acciones se habrían ejecutado mediante una estructura paralela dentro del partido sandinista, diseñada para canalizar recursos hacia la represión.
“El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Reed Brody, miembro del grupo de expertos.
Red de vigilancia transnacional contra exiliados
Uno de los elementos centrales del informe es la documentación de una extensa red transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a opositores nicaragüenses que viven en el extranjero.
De acuerdo con el informe, esta estructura estaría integrada por el Ejército, la Policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores del partido gobernante.
Los expertos señalan que esta red ha utilizado prácticas como vigilancia digital, hackeo, acoso en línea y divulgación de datos personales para silenciar a críticos del régimen.
Además, el informe indica que el actual co-ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke Whitaker, habría formado parte de un grupo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional mientras ocupaba cargos diplomáticos entre 2021 y 2023.
Ataques y persecución contra el exilio
El documento también recoge denuncias sobre ataques contra opositores en el exilio. Según los expertos, se han reportado al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos del régimen fuera de Nicaragua.
Entre los casos citados figura el asesinato en 2025, en Costa Rica, del mayor retirado del Ejército nicaragüense Roberto Samcam, un conocido crítico del régimen.
Asimismo, el informe señala que la dictadura ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses y ha dejado a miles más en condición de apatridia de facto al negarles documentos o impedir su regreso al país.
También se denuncian confiscaciones de propiedades, campañas de difamación y represalias contra familiares de opositores que permanecen en Nicaragua.
Represión con dimensión de género
El informe subraya que la represión también tiene una dimensión de género. Defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas, lideresas políticas y personas LGBTIQ+ han enfrentado persecución política, violencia basada en género y campañas de estigmatización.
“Los patrones de violaciones con dimensión de género forman parte de una estrategia deliberada para castigar a las mujeres y a los movimientos feministas por su liderazgo político”, afirmó Ariela Peralta, integrante del grupo de expertos.
Llamado a la comunidad internacional
Los expertos reiteraron su conclusión de que las violaciones cometidas en Nicaragua desde 2018 constituyen crímenes de lesa humanidad, y pidieron a la comunidad internacional activar mecanismos para garantizar la rendición de cuentas.
Entre las medidas sugeridas figuran el uso de jurisdicción universal, sanciones selectivas y mecanismos legales internacionales que permitan investigar estos delitos fuera de Nicaragua.
El informe también instó al régimen de Ortega y Murillo a liberar a los presos políticos, restablecer las libertades civiles y permitir el acceso al país de organismos internacionales de derechos humanos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene el mandato de investigar las violaciones cometidas en el país desde abril de 2018, cuando las protestas civiles fueron reprimidas con violencia.