Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU identifica al actual co-ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke Whitaker, como una figura clave en la estrategia de vigilancia e inteligencia transnacional utilizada por el régimen para perseguir a opositores nicaragüenses en el exilio.
El documento sostiene que esta estructura ha permitido al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo extender su aparato represivo más allá de las fronteras del país, mediante una red que involucra instituciones estatales, el servicio diplomático y operadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Un diplomático en el núcleo de la estrategia
De acuerdo con el informe, entre 2021 y 2023 Jaentschke habría formado parte de un grupo de alto nivel encargado de tomar decisiones sobre la persecución transnacional de opositores.
Durante ese periodo desempeñó simultáneamente funciones como “asesor presidencial para políticas y asuntos internacionales” y como diplomático en las embajadas de Nicaragua en Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Según el grupo de expertos, la rápida sucesión de sus nombramientos en estos países coincidió con el aumento del exilio de opositores nicaragüenses tras la represión iniciada en 2018.
Los investigadores sostienen que su cercanía con los co-dictadores, a la que informaba directamente, le permitió desempeñar un papel relevante en la dirección estratégica y la coordinación de las actividades de inteligencia contra la diáspora nicaragüense.
Redes de vigilancia en el exterior
El informe señala que durante sus misiones diplomáticas, Jaentschke habría contribuido a establecer redes de influencia e informantes, especialmente en Costa Rica, para localizar y vigilar a opositores exiliados.
Estas redes habrían facilitado la recopilación de información sobre movimientos, reuniones, vínculos familiares y actividades políticas de la diáspora, que luego era transmitida a estructuras de inteligencia del Estado.
Los expertos sostienen que esta coordinación involucró tanto a actores estatales como a colaboradores no oficiales, lo que permitió ejecutar acciones de vigilancia e intimidación en distintos países.
Una arquitectura estatal de inteligencia
El informe describe una arquitectura de inteligencia de múltiples niveles diseñada para perseguir a nicaragüenses en el extranjero.
En su componente político, las decisiones estratégicas serían tomadas por Rosario Murillo, asesores de seguridad e inteligencia y altos dirigentes del FSLN, quienes determinan qué opositores deben ser considerados “amenazas” y qué medidas aplicar contra ellos.
El componente operativo, por su parte, incluye al Ejército, la Policía, autoridades migratorias y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), que participa en vigilancia digital, monitoreo de redes sociales e interceptación de comunicaciones.
Embajadas utilizadas para vigilar a exiliados
El informe también señala que las misiones diplomáticas de Nicaragua han sido utilizadas como parte del sistema de vigilancia.
Desde 2020, al menos cinco embajadas habrían albergado personal de inteligencia militar encargado de recopilar información sobre la diáspora nicaragüense.
Además, muchos embajadores —según el documento— actúan como “secretarios políticos” del FSLN, coordinando el seguimiento de opositores y reportando directamente a Murillo.
Persecución más allá de las fronteras
Para el grupo de expertos de la ONU, esta estructura demuestra que la represión del régimen nicaragüense no se limita al territorio nacional, sino que se ha convertido en una política sistemática de vigilancia y persecución contra quienes han huido del país.
El informe concluye que esta red transnacional permite identificar, vigilar e intimidar a nicaragüenses exiliados, con el objetivo de neutralizar cualquier actividad considerada crítica o contraria al régimen.