Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU sostiene que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha financiado su aparato represivo mediante el desvío sistemático de fondos públicos, incluidos recursos originalmente destinados a programas sociales y proyectos municipales.
El documento concluye que el uso indebido de dinero estatal forma parte de un esquema de corrupción estructural que ha permitido sostener la represión política desde las Protestas de Nicaragua de 2018, cuando el régimen lanzó amplias operaciones de seguridad para sofocar las manifestaciones.
Cinco millones de dólares para los primeros meses de represión
Según el informe, a finales de mayo o inicios de junio de 2018, dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional ordenaron a instituciones públicas y alcaldías desviar parte de sus presupuestos para financiar operaciones represivas.
La instrucción habría sido transmitida por el secretario administrativo del partido, Fidel Antonio Moreno Briones, tras una reunión celebrada en la Alcaldía de Managua con funcionarios públicos y secretarios políticos del partido.
De acuerdo con la investigación, el costo logístico de los primeros dos meses de operaciones represivas ascendió a aproximadamente 5 millones de dólares, utilizados principalmente para financiar a grupos armados progubernamentales.
Presupuestos municipales usados para financiar la “Operación Limpieza”
El informe también documenta que en junio de 2018 el régimen puso en marcha la llamada Operación Limpieza, una ofensiva destinada a desmontar barricadas y desarticular las protestas en distintas ciudades.
Parte de esta operación fue financiada mediante partidas presupuestarias municipales que oficialmente estaban destinadas a proyectos como:
- “limpieza”
- “asistencia humanitaria”
- “relaciones públicas”
Los expertos identificaron al menos 13 proyectos de este tipo, financiados con recursos del gobierno central en municipios de Carazo, Granada, Managua, Masaya y Matagalpa.
Sin embargo, varios testigos indicaron que muchos de esos proyectos nunca se ejecutaron, lo que sugiere que el dinero fue redirigido para cubrir gastos de represión.
Pagos, comida, combustible y logística para grupos armados
Además del financiamiento de operaciones de seguridad, el informe revela que alcaldías utilizaron recursos de asistencia social y presupuestos anuales para cubrir gastos logísticos de grupos sandinistas.
Entre los gastos documentados se incluyen:
- pago de dietas
- transporte
- combustible
- alimentación
- logística para operativos
Los expertos también identificaron una empresa de servicio de comedores vinculada a un familiar de Murillo como uno de los principales proveedores de alimentos durante esas operaciones.
Contribuciones obligatorias de funcionarios públicos
El informe sostiene que el financiamiento del aparato político también ha incluido aportaciones obligatorias de funcionarios públicos, incluidos empleados del sistema judicial.
Según el grupo de expertos, varios trabajadores estatales que se negaron a realizar estas contribuciones enfrentaron represalias laborales.
Empresas vinculadas al partido y contratos inflados
El documento señala además que empresas vinculadas a miembros del FSLN habrían operado mediante propietarios nominales para emitir presupuestos inflados o facturar servicios que nunca fueron prestados.
Estos informes financieros manipulados habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad al uso de fondos públicos destinados a actividades partidarias y represivas.
Una práctica que continúa hasta hoy
El grupo de expertos concluye que el desvío de fondos públicos para financiar al partido sandinista y la represión estatal no fue un hecho aislado durante la crisis de 2018, sino una práctica que continúa en la actualidad.
Según el informe, existen motivos razonables para creer que este sistema de corrupción estatal ha contribuido directamente a graves violaciones de derechos humanos, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.