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Denuncian ante la CIDH que excarcelados en Nicaragua continúan bajo control y represión

Defensores de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las recientes excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua no han significado una recuperación real de la libertad, sino la continuidad de mecanismos de control, vigilancia y represión estatal.

La denuncia fue presentada en una audiencia pública realizada en Guatemala durante el 195 período de sesiones de la CIDH, donde participaron los defensores Katy Lechado y Yader Valdivia del Colectivo Nicaragua Nunca Más.

La audiencia, titulada “Nicaragua: Situación de personas privadas de libertad y excarceladas”, fue solicitada por varias organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Unidad de Defensa Jurídica.

Excarcelaciones bajo control policial

Durante la sesión, el Colectivo expuso la situación de personas excarceladas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, tras una ola de detenciones ocurrida principalmente entre junio y agosto de 2025 en ciudades como Masaya, Jinotepe y Granada.

Según la organización, al menos 39 personas han sido excarceladas, pero muchas de ellas continúan bajo un régimen de vigilancia policial que limita su vida cotidiana.

En al menos nueve casos acompañados directamente por el Colectivo, las personas liberadas han sido obligadas a presentarse diariamente en delegaciones policiales para firmar, incluso cuando se encuentran enfermas.

Además, denunciaron que los excarcelados permanecen bajo vigilancia constante en sus viviendas mediante visitas de policías uniformados o de civil, quienes verifican su presencia y toman fotografías. En algunos casos también se reporta seguimiento fuera de sus hogares por civiles motorizados, una práctica que las organizaciones asocian con estructuras de control paraestatal.

Restricciones que afectan la vida diaria

Las organizaciones advirtieron que estas medidas generan graves consecuencias en la vida de las personas excarceladas, dificultando su acceso al empleo, la continuidad de estudios y la reconstrucción de sus relaciones sociales.

A ello se suma el estigma derivado de antecedentes policiales producto de detenciones arbitrarias, así como amenazas directas e indirectas para impedir que hablen con organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación o familiares en el exterior.

El Colectivo también alertó sobre el impacto de la represión en los familiares de las víctimas. En al menos tres casos documentados, familiares de personas detenidas fueron obligados por autoridades del Ministerio del Interior a abandonar el país semanas antes de la excarcelación de sus parientes, incluso junto a hijos menores de edad.

Denuncias de desaparición forzada

Durante la audiencia también se señaló que varias de las personas excarceladas estuvieron previamente en condición de desaparición forzada y continúan enfrentando graves afectaciones psicológicas.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que, en los casos documentados, las víctimas no fueron acusadas formalmente ni informadas de las razones jurídicas de su detención, lo que evidencia la ausencia de garantías básicas del debido proceso.

Según la organización, estos hechos confirman la continuidad de un patrón de persecución política en el país.

Solicitudes a la CIDH

Ante esta situación, las organizaciones pidieron a la CIDH exigir al Estado de Nicaragua la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos.

También solicitaron que se demande información veraz sobre el paradero y la situación jurídica de personas en condición de desaparición forzada, y que se refuerce el monitoreo internacional sobre las nuevas formas de represión contra excarcelados.

Además, pidieron mantener vigentes las medidas cautelares ya otorgadas y evaluar la solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de mayor riesgo, prestando especial atención a poblaciones vulnerables como adultos mayores, mujeres defensoras de derechos humanos y liderazgos indígenas.