El abogado costarricense Joseph Rivera denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le prohibió el ingreso a Nicaragua tras someterlo —según su testimonio— a un análisis de redes sociales con inteligencia artificial, calificándolo como un supuesto “infiltrado” por su trabajo en derechos humanos.
Una prohibición basada en “perfilamiento” político
Rivera relató que fue notificado la noche del jueves 23 de abril por la aerolínea Copa Airlines de la cancelación de su vuelo hacia Nicaragua, debido a que el régimen nicaragüense le negó la entrada al país.
El abogado explicó que, al intentar comprender la decisión, recibió información extraoficial desde una fuente vinculada a la embajada nicaragüense, quien —por temor— solicitó anonimato.
Según esa versión, el régimen habría realizado un “estudio” de su actividad pública y profesional:
“Me dicen que me prohíben el ingreso porque analizaron mis redes sociales con inteligencia artificial y determinaron que soy un abogado mediático, defensor de derechos humanos”.
Rivera asegura que este perfilamiento incluyó su participación en espacios internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, donde ha denunciado casos de detenciones arbitrarias.
Señalamientos de “paranoia” y criminalización
El abogado calificó de “barbaridad” y “paranoia” la acusación de que sería un supuesto infiltrado de agencias estadounidenses.
“El gobierno de Ortega-Murillo dice que yo soy infiltrado de la CIA, qué barbaridad, qué paranoia. Entonces que por eso no me dejan entrar porque dicen que yo soy a acérrimo seguidor de Donald Trump, de Marco Rubio y del gobierno de Estados Unidos”, afirmó.
Para Rivera, esta decisión refleja un patrón de criminalización contra quienes ejercen defensa de derechos humanos o tienen visibilidad internacional.
Impacto directo en la búsqueda de justicia
Más allá del veto personal, el abogado advirtió que la medida tiene consecuencias graves para la familia de la víctima de femicidio, Junieysis Merlo Espinoza.
Explicó que su viaje tenía como objetivo reunirse con los padres de la joven en Nicaragua para gestionar firmas clave y brindar acompañamiento legal en el proceso que se sigue en Costa Rica.
Sin ese apoyo, la familia deberá trasladarse nuevamente al extranjero para continuar el proceso judicial.
“Si ellos no se presentan cuando concluya la investigación, el caso podría quedar en impunidad y el sospechoso podría quedar en libertad”, advirtió.
Rivera también señaló que existían diligencias pendientes relacionadas con las dos hijas de Merlo, menores de edad ante el Patronato Nacional de la Infancia, las cuales no pudieron concretarse debido a la prohibición de ingreso.
La denuncia de Rivera se suma a los señalamientos sobre prácticas de vigilancia, persecución y restricción de ingreso aplicadas por el régimen contra personas consideradas críticas o incómodas, incluso en contextos humanitarios y de búsqueda de justicia.