Organizaciones opositoras y de derechos humanos nicaragüenses solicitaron al Gobierno de Rodrigo Chaves reconsiderar la participación del canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, en la ceremonia de traspaso de poderes prevista para el próximo 8 de mayo en Costa Rica.
En una carta abierta fechada el 30 de abril de 2026, diversas plataformas democráticas, movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su “profunda preocupación” ante el anuncio de la invitación a representantes del régimen Ortega-Murillo, señalando que dicha participación podría contradecir el histórico compromiso costarricense con la democracia y la protección de personas exiliadas.
Los firmantes advirtieron que la eventual presencia de Jaentschke reviste especial gravedad debido a señalamientos contenidos en informes internacionales.
En particular, citaron el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que atribuye al canciller un rol clave en la coordinación de una red de vigilancia e inteligencia dirigida contra opositores nicaragüenses en el exilio.
Según el documento, entre 2021 y 2023 Jaentschke formó parte de un grupo de alto nivel encargado de identificar objetivos de persecución, definir “categorías de amenaza” y ejecutar acciones de seguimiento, intimidación y acoso a través de estructuras diplomáticas y partidarias.
Las organizaciones también recordaron que el propio Estado costarricense ha denunciado en instancias internacionales la represión transnacional ejercida por el régimen nicaragüense, incluyendo hechos como el asesinato del exmilitar opositor Roberto Samcam en San José en 2025.
“Permitir la participación en un acto de Estado de un funcionario señalado por mecanismos internacionales generaría una contradicción directa con el posicionamiento que Costa Rica ha sostenido en foros multilaterales”, advierte la misiva.
En ese sentido, instaron a las autoridades costarricenses a actuar con coherencia respecto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a evitar “cualquier gesto que pueda interpretarse como una legitimación” de funcionarios vinculados a la represión.
El pronunciamiento también incluyó un llamado a la ciudadanía costarricense para expresar, de forma cívica y pacífica, su respaldo a la protección de las personas exiliadas y a la defensa de los principios democráticos.
La carta fue suscrita por una amplia coalición de organizaciones nicaragüenses y regionales, entre ellas el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) y la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), entre otras.
El traspaso de poderes en Costa Rica marcará el inicio del nuevo gobierno el próximo 8 de mayo, en medio de crecientes tensiones diplomáticas y presiones de la comunidad nicaragüense en el exilio para que se mantenga una postura firme frente al régimen Ortega-Murillo.