La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa ampliando la entrega de territorios nicaragüenses a empresas mineras vinculadas a capital chino.
Este 12 de mayo, el Diario Oficial La Gaceta publicó una nueva concesión minera a favor de la empresa Nicaragua Xiajing Minería Group Sociedad Anónima, por un área de 42,601.93 hectáreas en el Caribe Norte.
La concesión fue otorgada mediante el título minero No. 040-PGJ-DGM-2026 emitido por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia.
Según el documento oficial, el lote denominado “Cerro Wistiting” está ubicado en los municipios de Rosita y Prinzapolka, dentro de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), una zona históricamente afectada por el avance de actividades extractivas y conflictos sobre territorios indígenas y recursos naturales.
La resolución señala que la empresa china presentó la solicitud el pasado 10 de febrero de 2026 y que el Estado nicaragüense aprobó el permiso tras dictámenes técnicos, legales y catastrales favorables.
La compañía aparece representada por el ciudadano chino Qixiong Tong, identificado como empresario residente en Nicaragua.
El régimen sostiene que la empresa “cumple con los requisitos técnicos y financieros” para desarrollar actividades mineras en la zona, aunque organizaciones ambientalistas han denunciado reiteradamente la falta de transparencia sobre las operaciones de compañías chinas que han recibido concesiones en el país.
Con esta nueva adjudicación, la dictadura profundiza la expansión minera en territorios del Caribe nicaragüense, una región donde comunidades indígenas y afrodescendientes han denunciado invasión de tierras, deforestación, contaminación de ríos y destrucción ambiental vinculada al extractivismo.
Informes de organizaciones como Fundación del Río advierten que entre 2021 y 2026 el régimen Ortega-Murillo ha entregado más de 1.2 millones de hectáreas en concesiones mineras a empresas chinas, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas.
La minería se ha convertido además en una de las principales fuentes de ingresos del régimen, especialmente tras las sanciones internacionales y el creciente aislamiento político de Managua.