El Monitoreo Azul y Blanco denunció este viernes la desaparición forzada del obispo emérito de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, y alertó sobre una nueva escalada de represión contra la Iglesia católica en Nicaragua, tras una serie de detenciones y medidas restrictivas impuestas a sacerdotes de esa diócesis.
La organización señaló que el religioso, de 79 años, permanece incomunicado y en paradero desconocido, situación que calificó como de “riesgo crítico” debido a su delicado estado de salud.
“Monseñor Mata permanece incomunicado y en paradero desconocido. Su estado de salud eleva el riesgo sobre su vida e integridad física”, advirtió el organismo en un comunicado.
Exigen prueba de vida y liberación inmediata
Ante la desaparición del obispo, el Monitoreo Azul y Blanco exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentar una prueba de vida inmediata, informar sobre su paradero, garantizar atención médica urgente, ordenar su liberación incondicional y cesar la persecución contra la Iglesia católica.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para actuar frente a lo que describió como una nueva fase de represión contra líderes religiosos.
Cronología de la persecución
Según el informe, el hostigamiento contra monseñor Mata se intensificó después del 28 de junio, cuando presidió una misa en la parroquia Cruz del Calvario, en Estelí, durante la cual oró “por la Iglesia perseguida de Nicaragua”.
Ese mismo día, la organización asegura que civiles armados fotografiaron la ceremonia y posteriormente la Policía realizó una primera retención del obispo.
Al día siguiente, el 29 de junio, Mata habría sido nuevamente detenido y trasladado a una delegación policial en Managua. Más tarde fue llevado a su vivienda en el municipio de Tisma, Masaya, donde permaneció bajo un dispositivo policial permanente y una medida de hecho de arresto domiciliario.
El 30 de junio, según la denuncia, agentes policiales ejecutaron una nueva detención del obispo y, de manera simultánea, arrestaron a varios religiosos de la diócesis de Estelí.
Entre ellos figuran el presbítero Rigoberto Delgadillo Sánchez, el párroco Francisco Morales y el diácono Wilfredo Arauz Rodríguez.
De acuerdo con el Monitoreo Azul y Blanco, Morales y Arauz fueron posteriormente liberados bajo estricta vigilancia policial y con restricciones de movilidad.
Desaparición desde el 2 de julio
La organización sostiene que la desaparición forzada de monseñor Mata ocurrió el 2 de julio, cuando agentes policiales que custodiaban su vivienda en Tisma realizaron un relevo de vigilancia y ejecutaron una nueva detención.
Desde entonces, aseguran, no existe información oficial sobre el lugar donde permanece ni sobre su condición física.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, citada en el comunicado, afirmó que personas cercanas al obispo desconocen su paradero.
“Lo único que saben es que está con la Policía. Y la Policía no ha dicho nada al respecto”, indicó.
El Monitoreo Azul y Blanco advirtió que mantener al religioso incomunicado, sin informar sobre su ubicación ni permitir contacto con familiares o allegados, constituye una desaparición forzada conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Preocupación por su estado de salud
La organización subrayó que la situación resulta especialmente grave debido a que Mata es un adulto mayor con padecimientos propios de su edad, por lo que considera que su vida podría correr peligro.
Además, recordó que nueve personas han fallecido bajo custodia del Estado nicaragüense en los últimos años, por lo que pidió adoptar medidas urgentes para proteger su integridad.
Llamado internacional
El Monitoreo Azul y Blanco exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a organismos eclesiales y a la comunidad internacional a condenar la desaparición del obispo y activar mecanismos de presión para garantizar su liberación.
Asimismo, demandó la libertad plena de todos los religiosos de la diócesis de Estelí que permanecen detenidos o bajo medidas restrictivas de facto.
“La libertad de culto y la integridad física de las y los ciudadanos es un derecho fundamental”, concluyó la organización.