El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) denunció este lunes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está ejecutando una revocación masiva de credenciales de abogados y notarios, una medida que calificó como un nuevo golpe contra la independencia de la justicia y el acceso de la población a la defensa legal.
En un pronunciamiento, el Grupo de Expertos advirtió que el régimen nicaragüense ha eliminado “de un día para otro” a una parte significativa de la profesión jurídica del país, dejando a miles de ciudadanos sin posibilidad de acceder a representación legal.
“Durante la última semana se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
El organismo señaló que las personas afectadas descubrieron que habían sido excluidas únicamente cuando intentaron ingresar a los tribunales, presentar escritos judiciales o verificar sus datos en el registro digital de la Corte Suprema de Justicia, donde sus nombres ya no aparecían.
Según los testimonios recopilados, no existió notificación previa, fundamento jurídico ni explicación oficial sobre la cancelación de sus registros.
“Un nuevo escalón en la destrucción de la justicia”
Para los expertos de la ONU, esta medida representa una nueva fase en el proceso de desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua.
“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero la eliminación de una parte considerable de la profesión jurídica representa una nueva escalada”, sostuvo Simon.
El Grupo recordó que la persecución contra abogados no comenzó ahora. En 2023, la dictadura suspendió arbitrariamente y de forma permanente a por lo menos 28 abogados, mientras que posteriormente la Corte Suprema de Justicia negó la renovación de los denominados quinquenios notariales, impidiendo a otros profesionales continuar ejerciendo funciones notariales.
“Primero fueron los jueces; ahora son los abogados”
El experto Reed Brody calificó la medida como un paso más en la destrucción de la independencia judicial en Nicaragua.
“Esta depuración silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero fueron los jueces; ahora son los abogados y las abogadas”, afirmó.
Brody recordó que las normas internacionales establecen que ningún abogado puede ser privado del ejercicio profesional sin un proceso imparcial ante un órgano independiente.
“Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente. En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar”, denunció.
Consecuencias para la población
El Grupo de Expertos advirtió que la exclusión arbitraria de abogados y notarios tiene consecuencias que van mucho más allá de los profesionales afectados.
La medida puede impedir que miles de ciudadanos obtengan representación legal, realicen trámites jurídicos, presenten recursos o ejerzan sus derechos ante los tribunales, debilitando aún más el acceso a la justicia.
“Toda injerencia injustificada en las credenciales profesionales socava gravemente las instituciones de justicia y crea importantes obstáculos para la prestación de servicios jurídicos”, señaló el organismo.
Persecución desde 2018
La experta Ariela Peralta afirmó que la persecución contra los abogados forma parte de una política sostenida desde el inicio de la crisis sociopolítica.
“Los abogados han sido víctimas de la persecución política en Nicaragua desde 2018. Han sido objeto de amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. Se les ha negado sistemáticamente el acceso a sus clientes y ahora también se les priva del ejercicio mismo de su profesión”, indicó.
Según la ONU, entre las personas afectadas figuran exmagistrados, abogados exiliados, antiguos miembros del Frente Sandinista y profesionales sin afiliación política conocida, lo que evidencia que la medida ha alcanzado a distintos sectores del gremio jurídico.
El Grupo de Expertos situó esta nueva medida dentro del proceso de control absoluto del sistema judicial impulsado por el régimen desde octubre de 2023, cuando la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y comenzó una amplia depuración interna.
Desde entonces, ocho magistrados abandonaron sus cargos y más de un millar de funcionarios judiciales fueron destituidos.
La ONU recordó además que la reforma constitucional de 2025 eliminó la independencia del Poder Judicial al convertirlo en un órgano coordinado por la Presidencia de la República y redujo de 16 a 10 el número de magistrados de la Corte Suprema, cuyos integrantes son nombrados a propuesta de los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para el Grupo de Expertos, la cancelación masiva de licencias profesionales constituye un nuevo paso en el desmantelamiento de la administración de justicia en Nicaragua y agrava la situación de indefensión de la ciudadanía frente al Estado.