El abogado húngaro Reed Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, advirtió que la eliminación masiva de abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) representa un nuevo paso en el desmantelamiento del Estado de derecho y envía un peligroso mensaje a otros regímenes autoritarios.
En una entrevista concedida a la agencia EFE, el jurista, conocido internacionalmente como el “cazador de dictadores”, afirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está demostrando que es posible destruir las instituciones democráticas sin recurrir a golpes militares o medidas espectaculares.
“El aviso que se envía desde Managua, si eso se normaliza, es que se puede desmantelar el Estado de derecho sin tanques y sin decretos dramáticos: basta con una base de datos”, sostuvo.
Bródy calificó como especialmente grave que miles de abogados hayan sido eliminados del registro oficial sin recibir notificación, sin proceso disciplinario y sin una resolución pública que justifique la medida.
“Un Estado que decide por vía administrativa quién puede ser abogado y quién no, no tiene Estado de derecho; tiene un instrumento de castigo”, alertó.
Advierte riesgo para otros países
El experto de Naciones Unidas afirmó que, si la comunidad internacional no responde con firmeza, otros gobiernos con tendencias autoritarias podrían replicar este tipo de acciones.
“Si la comunidad internacional deja pasar esta medida sin costo, el mensaje para otros gobiernos con tentaciones autoritarias es que la abogacía, la última línea de defensa del ciudadano, puede eliminarse con una tecla”, señaló.
Por ello, hizo un llamado a los colegios de abogados de todo el mundo para pronunciarse en defensa de sus colegas nicaragüenses.
“Hoy son sus colegas nicaragüenses los borrados”, advirtió.
“Los ciudadanos quedan sin defensa”
Bródy explicó que un abogado eliminado del registro judicial pierde automáticamente la posibilidad de ejercer su profesión.
“No puede presentar escritos ante los tribunales, no puede representar clientes, no puede ejercer como notario; profesionalmente deja de existir”, indicó.
El jurista advirtió que las consecuencias trascienden a los profesionales afectados.
“Cada abogado eliminado son familias que se quedan sin quién presente un recurso, sin quién reclame por un detenido, sin quién firme una escritura. Cuando los abogados no pueden ejercer, los ciudadanos se quedan sin defensa”, afirmó.
Compara la medida con el cierre de ONG y universidades
El integrante del Grupo de Expertos de la ONU sostuvo que esta decisión forma parte del mismo patrón represivo que el régimen ha aplicado contra otros sectores de la sociedad.
“Ya cerraron las ONG, las universidades, los medios independientes y las iglesias. Ahora le toca a la abogacía. El patrón se repite: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano”, expresó.
Denuncia violación al derecho internacional
Bródy afirmó que la eliminación masiva de abogados viola directamente los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, cuya redacción ayudó a elaborar hace más de tres décadas.
Explicó que dichos principios establecen que cualquier procedimiento disciplinario contra un abogado debe desarrollarse ante un órgano independiente, imparcial y con posibilidad de revisión judicial.
“En Nicaragua no se cumplió ninguno de esos elementos”, afirmó.
Añadió que la medida también vulnera derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Nicaragua.
“Al vaciar de defensores el sistema, se vacían de contenido las garantías de la Declaración Universal y del Pacto. Es exactamente lo que esos instrumentos se escribieron para impedir”, sostuvo.
Pide mayor presión internacional
El abogado señaló que el Grupo de Expertos ha documentado que Nicaragua no cumple con estándares mínimos de independencia judicial y advirtió que, con una abogacía “purgada o atemorizada”, la población queda completamente indefensa.
“El ciudadano queda frente al Estado, sin intermediario y sin escudo”, dijo.
Ante este escenario, Bródy consideró que las principales herramientas disponibles son los mecanismos internacionales de protección, la documentación de las violaciones, la aplicación de sanciones selectivas, el uso de la jurisdicción universal y acciones impulsadas por otros Estados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La denuncia surge después de que abogados nicaragüenses informaran que al menos 2.000 profesionales del Derecho fueron eliminados del Registro de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia, lo que les impide ejercer la profesión.
Los afectados aseguran que nunca fueron notificados ni sometidos a procesos disciplinarios.