El representante de Brasil ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo este viernes en una sesión en Washington que su país seguirá “dialogando y negociando” el texto del proyecto de resolución sobre la crisis de Derechos Humanos en Nicaragua “para poder encontrar una redacción que pueda ser lo más amplia y abierta posible”.
Este viernes, el Consejo Permanente de la OEA repasó los temas que serán abordados la próxima semana durante la Asamblea General de la OEA. El embajador uruguayo Washington Abdalá, presidente pro tempore del Consejo Permanente de la OEA, confirmó que Brasil propuso hace dos días modificaciones al documento para bajar el tono a las críticas contra el régimen de Daniel Ortega.
“Es preciso señalar que el 14 de junio pasado, la misión permanente de Brasil, presentó por escrito observaciones al citado proyecto de resolución”, dijo Abdalá.
Tras esto, el representante de Canadá fue el único que se atrevió a hablar. “Invitamos a las delegaciones a presentar otras sugerencias que puedan tener para fortalecer el texto, el cual ya refleja las aportaciones de otras delegaciones, incluidas la de los miembros del Grupo de Trabajo de la OEA sobre Nicaragua. Invitamos a hacer otras sugerencias y comentarios para mejorar el texto”, dijo Francois Jubinville, representante alterno de Canadá ante la OEA, que agradeció también los “aportes” de Brasil.
Posteriormente, el representante de Brasil declaró: “Expresar la intención de Brasil de seguir dialogando y negociando el texto para poder encontrar una redacción que pueda ser lo más amplia y abierta posible”.
Finalmente, el presidente pro tempore del Consejo Permanente de la OEA, agregó que el proyecto de resolución “será enviado a la Comisión General para su consideración, para el reanálisis y la concreción eventual en caso de poderse”.
Según el medio argentino Infobae, algunos países se encuentran “molestos” por la movida del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El proyecto de declaración presentado por Chile, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Antigua y Barbuda habla de una “profunda alarma” por la “represión, el cierre del espacio cívico, las violaciones a los derechos humanos, incluida la denegación de derechos civiles y políticos básicos de la ciudadanía nicaragüense, así como la violación del derecho a la propiedad y seguridad social, por medio de la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones para aquellas personas privadas de la nacionalidad”.
Además muestra la preocupación por “las denuncias de violación grave y sistemática del derecho a la libertad religiosa en el ámbito público y privado mediante, entre otras cosas, la detención arbitraria, el hostigamiento y la expulsión injustificada de miembros y clérigos de comunidades religiosas; el cierre forzoso de centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria creados por la Iglesia católica; el cierre de entidades dedicadas a obras de caridad y asistencia social; la denegación de acceso a lugares de culto y el impedimento de la difusión de creencias religiosas mediante la supresión de medios de comunicación católicos”.
Los caminos para resolver estas diferencias sobre Nicaragua son dos: emitir una declaración liviana que no condene enérgicamente al régimen de Ortega o exponer a los países a una votación dividida donde el resultado hoy es incierto, anotó Infobae.