El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, afirmó este lunes que la dictadura de Daniel Ortega refritó su fallido proyecto Bio-CLIMA, pues antes se llamaba “Reducción de Emisiones”, el que y también fue rechazado por otro por un organismo ambiental mundial en febrero de 2021.
Ruiz explicó este lunes sobre las razones que tuvo el Fondo Verde del Clima para cancelar definitivamente el “Acuerdo de Actividad Financiada” para el proyecto Bio-CLIMA, mediante el cual la dictadura de Daniel Ortega pretendía recibir 116.6 millones de dólares para supuestamente “reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan” en Nicaragua.
En un comunicado, la junta del Fondo Verde para el Clima sostuvo el 7 de marzo que “determinó que la propuesta de financiación del proyecto no cumplía con las políticas y procedimientos del GCF”.
Esto se debe que recibió una denuncia relacionada con dicho proyecto orteguista que alegaba, entre otros, la “falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas y afrodescendientes e incumplimiento de la Entidad Acreditada, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”.
Según explicó Ruiz a La Mesa Redonda, el proyecto orteguista inició hace cuatro años “con los pies hinchados” y en él, la dictadura incluyó que las comunidades indígenas y los colonos “convivieran pacificamente” y “gobernaran” conjuntamente esa región autónoma de Nicaragua; algo que los primeros rechazaron.
“El régimen Ortega-Murillo lo que hizo fue un refrito, como diría el buen nicaragüense ‘le cambió las hojas al nacatamal’ y lo envolvió en otro formato y lo presentó ante el Fondo Verde del Clima”, declaró el ambientalista.
“El régimen Ortega-Murillo presentó ante el Fondo Cooperativo del Carbono y solicitó más de 46 millones de dólares para el proyecto de REDD+ que era un proyecto que fue formulado y no tomó en cuenta todas las consideraciones ambientales y sociales, y fue presentado ante el Banco Mundial, ante el Fondo Cooperativo del Carbono y en la recta final, la decisión del Banco Mundial fue detener el proyecto por incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales”, recordó Ruiz.
El proyecto Bio-CLIMA fue aprobado con cuatro condicionalidades y estas tienen que ver con las preocupaciones que se plantearon antes cuando este se llamó “Reducción de Emisiones”.
Esas cuatro condicionalidades fueron:
- La consulta libre y previamente informada en los territorios indígenas y afrodescendientes
- Una tercera entidad independiente que supervisara todo el proceso de gestión del proyecto
- Que se involucraran terceras partes interesadas (actores ambientales, de sociedad civil, representantes de pueblos indígenas, etc)
- Los procedimientos alrededor de la definición del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales
Frente a ese escenario de preocupación el gobierno alemán planteó que el proyecto “se aprobaba si, el régimen Ortega-Murillo y la entidad ejecutora firmaban las cuatro condiciones que previamente se plantearon”.
“Ese antecedente hizo que diversos actores planteáramos preocupaciones ante la junta del Fondo Verde del Clima con respecto al contenido que habían presentado tanto la entidad acreditada como la entidad ejecutora que es el BCIE del régimen Ortega-Murillo en el proyecto Bio-CLIMA”, comentó Ruiz.
Y fue así que inició el procedimiento del proyecto, “como dice el buen nicaragüense ‘con los pies hinchados’, y lo dice la evaluación inicial del proyecto”, apuntó.
El ambientalista señaló la preocupación por el proyecto, debido a la deforestación, desprotección ambiental y la invasión de territorios y asesinato de sus comunitarios. Y porque además “se hizo a espaldas de la población, de las partes interesadas, de la sociedad civil, de todos los actores”.
Dictadura buscó a la ONU para que fuese la “tercera entidad independiente”
Ruiz relató un dato sorprendente, pues la dictadura en su afán de obtener los fondos millonarios recurrió al Alto Comisionado de la ONU, para que fuese la “tercera entidad independiente”; olvidando que expulsó de Nicaragua a los representantes de ONU, en agosto de 2018, luego que estos publicaran un informe en donde de reveló la represión del régimen de Ortega contra los manifestantes.
“Recordemos en 2018 el régimen expulsó a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Nicaragua, luego que presentara un informe de lo que había encontrado como evidencia en las protestas sociopolíticas de abril de 2018. En 2020, dos años después, el BCIE con aprobación del régimen Ortega-Murillo envió unos términos de referencia a la oficina del Alto Comisionado donde le dice que están evaluando la posibilidad que sean el tercero independiente. Ese proceso se cayó por sí solo porque el régimen no quería intervención de un tercero independiente, y no hubo un proceso informado”, contó Ruiz.
Según el ambientalista también había una negativa del BCIE –cuando su presidente era Dante Mossi– de entregar información. “Después que se niega se encienden las alertas, porque si vos no querés ser transparente en ese proceso, quiere decir que algo estás ocultando”, aseveró.
Quejas de las comunidades indígenas
“Se les preguntó a las comunidades indígenas y afrodescendientes: decidan ustedes qué quieren hacer y las comunidades indígenas y afrodescendientes valientemente dijeron ‘no es posible que negocien algo a la espalda de nuestros territorios, de nuestros recursos, son recursos que nosotros hemos conservado, no el Estado nicaragüense’”, acotó.
“Se presentan las quejas ante el Fondo Verde del Clima e inicia el proceso de revisión si era elegible esa queja que se introdujo. Las comunidades tuvieron que presentar pruebas y evidencias de lo que estaba sucediendo en sus territorios, y las cosas que no habían sido tomadas en cuenta porque ese era un proyecto que le cambiaron la hoja de nacatamal. Es decir que lo reformularon para entrar en otro espacio de financiamiento”, insistió Ruiz, quien aclaró que fueron las comunidades los que decidieron.
Convivir con los colonos
El ambientalista destacó que una de las preocupaciones principales por el cual las comunidades indígenas decidieron ir en contra del proyecto fue el acuerdo de “convivencia pacífica” con los colonos que estableció el régimen de Ortega-Murillo en el proyecto.
“En el documento que ellos presentaron decían que iban a establecer convenios de ‘convivencia pacífica’ entre indígenas y colonos para gobernar el territorio. ¡Ojo! para gobernar y tomar decisiones sobre su territorio. Las comunidades indígenas son los dueños de esos territorios y son los que deben decidir sobre esos territorios”, zanjó Ruiz.
“Esas son las personas invasoras que están deteriorando los bosques, que están desplazando las comunidades y que están asesinado a los indígenas. Con obvia razón vas a encontrar un rechazo total a ese proceso de cambio de gobernanza y de querer controlar el territorio a través de las familias invasoras y además, con los intereses económicos que hay de por medio”, añadió.