El abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, cuestionó la legitimidad y el alcance del “acuerdo” entre las dictaduras de Rusia y Nicaragua para “batallar legalmente” y contrarrestar las sanciones impuestas por potencias occidentales.
Y es que días atrás, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, declaró al medio ruso Sputnik, que los regímenes autoritarios de Rusia y Nicaragua están uniendo fuerzas para enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos y países de Europa.
“Tenemos un borrador de un acuerdo en el que estamos trabajando de manera considerable para contrarrestar los abusos por parte de algunas entidades o países que desean apropiarse o utilizar indebidamente ciertas normas para perjudicar los intereses de los ciudadanos o funcionarios públicos de ambos países”, dijo Morales Urbina.
Este acuerdo, según sus palabras, pretende frenar de alguna manera las “arbitrariedades” de las sanciones “unilaterales” que, a su juicio, perjudican los “intereses del pueblo nicaragüense”.
“Son sanciones para el pueblo nicaragüense en este caso. El más perjudicado, indudablemente, es el pueblo nicaragüense. Y en ese sentido, la hemos rechazado con total y contundente presencia en todos los foros en los que hemos participado”, añadió.
Pero, Ramírez-Ayérdiz, secretario del Centro Asistencial Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), ofrece una perspectiva diferente.
Ramírez-Ayérdiz desmiente a Morales Urbina, al afirmar que las sanciones no afectan al pueblo nicaragüense, ya que “todas las sanciones han sido impuestas a funcionarios del régimen que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Añadió que Rusia está utilizando esta colaboración con la dictadura de Daniel Ortega como una “estrategia geopolítica” para demostrar influencia en la región, más que por un genuino interés en apoyar a Nicaragua.
“En términos geopolíticos a mí me parece que Rusia lo que hace con Nicaragua es una jugarreta, pues busca cómo demostrarle a Estados Unidos que tiene influencia en la región. Entonces, no es Nicaragua, es Rusia; es Rusia que quiere entrar en una contienda política, es para medir quién tiene más fuerza política”, dijo a La Mesa Redonda.
Y en términos comerciales, –agregó—“Rusia no representa la cantidad de exportaciones que representa Estados Unidos”.
En este sentido, Ramírez-Ayérdiz cuestiona la legitimidad y el alcance del acuerdo propuesto, sugiriendo que podría ser un documento declaratorio sin implicaciones legales reales.
“Hay que tener en cuenta que, ese acuerdo del que habla la Procuradora General de la República y sancionada, puede ser cualquier documento declaratorio sin fines legales; y si tuviera fines legales, lo que yo me imaginaría es que los sancionados van a poder hacer algún tipo de transacción a través de Rusia, en rublos; probablemente moviendo sus ilegales fondos a Rusia, que no sé en qué les serviría a ellos los rublos rusos”, consideró.
“Todo eso es parte de la estrategia bravucona del gobierno de Nicaragua y la estrategia de Rusia –sobre todo—de hacer ver que tiene una influencia geopolítica en la región”, reiteró.
El abogado destacó los proyectos fallidos de Rusia en Nicaragua, como el laboratorio Mechnikov en Managua, como evidencia de que Rusia está utilizando esta colaboración como una estrategia de relaciones públicas para fortalecer su posición geopolítica en la región.
“Ahora Rusia salta porque las sanciones fueron directamente contra su centro militar donde seguramente espiaban a los nicaragüenses”, concluyó el abogado.
