En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Nicaragua, la Red Prodepaz presentó el sábado 20 de julio, los resultados alarmantes de sus informes, que documentan graves violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano durante el período comprendido entre 2019 y 2024.
El informe, elaborado por diversas organizaciones que integran la Red Prodepaz, detalla una serie de violaciones sistemáticas que incluyen el derecho a la educación, la libertad académica, desapariciones forzadas, tortura, persecución política y vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas. Además, se señala la ausencia de garantías para un proceso legal justo y transparente.
El Examen Periódico Universal es un mecanismo de Naciones Unidas que evalúa el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos por parte de los Estados, celebrándose cada cinco años. En este tercer ciclo del EPU, correspondiente al período 2019-2024, las denuncias presentadas por la Red Prodepaz y otras organizaciones aliadas revelan una grave situación en Nicaragua.
Entre las organizaciones que contribuyeron con informes adicionales se encuentran la Fundación para la Libertad, la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social (FDSI), la Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE), Aula Abierta, La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Costa Rica, Activismo Ciudadano en Resistencia y la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Situación de los presos políticos en Nicaragua
El informe señala que durante el período mencionado, se ha observado un aumento alarmante en la persecución y violación de los derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado una política sistemática de represión que incluye detenciones arbitrarias, destierro, fabricación de cargos y negación de derechos básicos.
En febrero de 2023, el régimen revocó de manera arbitraria la nacionalidad de al menos 317 presos políticos, entre ellos defensores de derechos humanos, estudiantes, académicos y opositores políticos, seguido de su destierro a Estados Unidos.
A pesar de estos actos, las detenciones arbitrarias han continuado. En agosto de 2023, tres universitarias fueron detenidas por expresar críticas al régimen en redes sociales y posteriormente condenadas por cargos fabricados de tráfico de drogas.
En noviembre del mismo año, el profesor Freddy Quezada fue detenido y condenado debido a sus opiniones críticas hacia las políticas del régimen.
Los tres poderes del Estado en Nicaragua han jugado un papel fundamental en esta represión sistemática. La Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, ha aprobado leyes represivas que criminalizan la disidencia política y limitan la libertad de expresión. El Poder Judicial ha sido instrumentalizado para perseguir a opositores políticos mediante la fabricación de cargos y juicios sin garantías de debido proceso. Por su parte, la Policía ha llevado a cabo detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y torturas a los presos políticos.
Las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua son sistemáticas y generalizadas, incluyendo detenciones arbitrarias sin orden judicial, encarcelamiento en condiciones de aislamiento, torturas, fabricación de pruebas y cargos falsos, juicios sin garantías procesales, negación de atención médica y acceso limitado a sus familias, señaló la Red Prodepaz.
Sostuvo que la situación de los presos políticos en Nicaragua es alarmante y demanda una respuesta urgente por parte de la comunidad internacional.
“El gobierno debe poner fin a la represión, liberar a todos los presos políticos y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos”, concluyó.
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