La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) presentó este lunes 19 de agosto, el informe titulado: “Lloran todas las noches”: El impacto de la prisión política en los hijos e hijas de las personas presas políticas en Nicaragua. La UDJ logró analizar la situación de 37 menores de edad, lo cual representa el 53,62% de los 69 casos totales.
En Nicaragua existen 151 personas presas políticas, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 25 son mujeres y 126 son hombres.
El documento de 32 páginas, muestra un análisis psicojurídico del impacto que tiene en la niñez el encarcelamiento de un progenitor en general y, en particular, las afectaciones entre los menores de edad cuyos padres o madres se encuentran actualmente privados de la libertad por motivos políticos.
La separación familiar impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hace mella en una niñez que sufre graves traumas –sobre todo emocionales–, y que aumentan la pobreza, la deserción escolar, el trabajo infantil, el desplazamiento forzado, la drogadicción, la estigmatización y la discriminación en sus entornos comunitarios y educativos.
El informe se basa en una recopilación de datos a través de formularios de preguntas cerradas y a través de entrevistas cerradas, ambas completadas por representantes de la población estudiada. Del 100% de los casos abordados, casi la mitad de ellos han sido víctimas de violencia durante la captura de su padre y/o madre.
Entre los testimonios recabados para este informe cuantitativo, sobresalen casos de menores de edad que lloran todas las noches producto del trauma generado por la detención de sus progenitores.
“Se ha identificado que al menos 25 de los 37 menores (67.57%) suelen llorar constantemente por todo lo relacionado a la detención arbitraria, y 3 (8.11%) ha tenido pensamientos suicidas a raíz de esta situación. Además, un menor (2.7%) ha caído en drogadicción tras las diversas afectaciones causadas por captura arbitraria de su padre y/o madre. De los 37 menores, 16 (43.24%) han requerido atención psicológica o psiquiátrica por los daños a su salud mental ocasionados por la situación de injusticia”, detalla el informe.
Otros niños en edad colegial reportan actitudes violentas cuando sus compañeros de aula le han dicho que sus padres “son delincuentes”. El informe cuenta además con dibujos hechos por los menores de edad y que dan cuenta de sus graves afectaciones emocionales.
En ese sentido, de los 37 menores de edad estudiados, 13 (35.14%) han recibido bullying (acoso escolar) en sus escuelas debido a que su padre y/o madre se encuentra detenida por motivos políticos. Uno se vio envuelto en una pelea cuando otro niño le dijo “tu papá es delincuente”. Además, 9 menores (24.32%) han tenido que abandonar sus estudios producto del bullying recibido, depresión y/o falta de recursos económicos producto la ausencia de su padre y/o madre detenida”, apunta.
Asimismo, al menos 9 de los 37 (24.32%) han tenido graduaciones escolares sin que su referente pueda haber presenciado el acto debido a estar detenido/a arbitrariamente. La privación de la libertad de su padre y/o madre ha generado también que 4 de los 37 (10.81.%) menores (entre los 14 a 18 años) se vieran obligados al trabajo infantil para suplir los gastos de su casa antes cubiertos por su padre y/o madre. Sumado a esto, uno de los menores (el 2.7%) se vio obligado a desplazarse forzadamente al exterior por miedo a represalias por ser hija o hijo de una persona presa política.
Por otra parte, se ha identificado que, de los 37 menores analizados, uno (2.7%) estaba en periodo de lactancia al ser detenida su mamá. A esto hay que sumarle que, de los 37 menores de edad, al menos 11 (el 29.73%) se encontraban y/o encuentran en su primera infancia, es decir, entre los 0 y 8 años de edad según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.
“La prisión política como estrategia represiva no sólo afecta a quienes han sido privados de su libertad de manera injusta, sino que toda la familia sufre. El régimen se ha ensañado en las familias nicaragüenses al someterlas a la separación familiar y al trauma de la violencia estatal”, asegura Alexandra Salazar, directora de la UDJ.
“La vulnerabilidad a la que están sujetas las niñas, niños y adolescentes con progenitores presos políticos ha mostrado grandes afectaciones en estos años de represión, en que se les ha quitado su derecho crecer en el seno del amor familiar, les han sometido a la crueldad en un entorno en que son estigmatizados por tener padres y madres que se atrevieron a reclamar por sus derechos, tener que vivir en un país en el que el uniforme policial les renueva en el día a día el trauma de la violencia vivida”, agrega la jurista.
Según Salazar, Nicaragua está endeudada con la niñez y la adolescencia. “Hoy mostramos la realidad de 37 menores de edad, de una muestra de 36 personas presas políticas, pero la verdadera dimensión de este daño aún no logramos determinarla, puesto que por cárcel han pasado más de 2000 personas. ¿Cuántos niños y niñas no han logrado ser escuchados o sus historias han sido invisibilizadas?”, pregunta la abogada y defensora de derechos humanos.
El informe de la UDJ ha identificado que entre los familiares de personas prisioneras políticas afectadas, sus hijos e hijas menores de edad han tenido un impacto grave y diferenciado como consecuencia de la encarcelación política.
Entre los derechos violentados a la niñez se encuentran: derecho al desarrollo y supervivencia; derecho a la integridad personal; derecho a la prohibición de que la pena de su padre y/o madre trascendiera a ellos; derecho a vivir libre de violencia; derecho a la vida privada y familiar, y a la prohibición de injerencias arbitrarias en su domicilio; derecho a la protección familiar; derecho a no ser separado de sus padres; derecho a la educación; derecho a la libre circulación y residencia; derecho a ser escuchados en decisiones que les afecten; y los principios de no discriminación y del interés superior de la niñez, señala el informe.
Recomendaciones de la UDJ al Estado de Nicaragua
- Liberar a las personas presas políticas considerando el grave impacto que genera en sus familias, en especial en los casos que tienen hijas e hijos menores de edad.
- Mientras no les libere, facilitar el uso de medios telefónicos y de videollamadas para garantizar la comunicación de las madres o padres detenidos con sus hijas e hijos.
- Cesar todo tipo de violencia o intimidación contra los menores de edad de personas presas políticas al momento que les visiten.
- Garantizar que, mientras no sean liberados, los espacios de visitas sean adecuados para la niñez y duren al menos 3 horas para una mayor recreación e intimidad con sus progenitores.
- Abstenerse de ejecutar actos de violencia en contra de hijos/as menores de edad con padre y/o madre detenidos por motivos políticos fuera de prisión.
- Adecuar su derecho interno conforme a sus obligaciones internacionales contenidas en tratados internacionales de derechos humanos ratificados soberanamente y dotados de jerarquía constitucional. Al respecto, es necesario adoptar reformas legislativas que prevean el derecho de la niñez a ser escuchada cuando sus derechos se vean afectados indirectamente como consecuencia de encarcelamiento o posible encarcelamiento de su padre, madre, cuidador u otro referente.
- Adoptar políticas públicas para erradicar la estigmatización de niños/as con padre y/o madre encarcelados, y para proteger sus derechos en su entorno educativo y comunitario.
- Capacitar a sus funcionarios públicos/as, de todos los niveles, respecto a los estándares sobre los derechos de la niñez con progenitores encarcelados.
Recomendaciones a la comunidad internacional y a la sociedad civil
- Exigir al Estado de Nicaragua la liberación de las personas presas políticas considerando el grave impacto que genera en sus familias, en especial en los casos que tienen hijos/as menores de edad.
- Requerir al Estado de Nicaragua respetar y garantizar los derechos de las hijas e hijos menores de edad de personas prisioneras políticas.
- Adoptar distintas medidas de presión para que el Estado de Nicaragua cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos en relación a la niñez afectada por la prisión política.
- Visibilizar más la situación que atraviesa la niñez con padre y/o madre detenidos por motivos políticos en Nicaragua.
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