En el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pidió hoy en la pre-sesión que los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas exijan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, investigar los crímenes de lesa humanidad, en especial aquellos contra defensores de derechos humanos, periodistas y religiosos.

En su presentación, el defensor de derechos humanos Salvador Marenco, también solicitó a los Estados pedir al Estado de Nicaragua que derogue todas leyes que criminalizan la defensa de derechos humanos y restituir los bienes y activos confiscados a las más de 5,400 organizaciones arbitrariamente canceladas desde 2018.

Además, proteger la libertad de religión, garantizando el derecho a participar en actividades religiosas sin criminalización y respetar y proteger a todos los defensores de derechos humanos, incluidos artistas, asegurando su derecho a permanecer en el país o facilitar su retorno.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 cuando se desataron masivas protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al menos 355 personas fueron asesinadas por grupos paraestatales y policías que atacaron con armas de alto calibre desde marchas cívicas hasta personas que se refugiaban en templos religiosos.

El EPU es una revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU.

En su más reciente asistencia, el Estado de Nicaragua recibió 26 recomendaciones sobre derecho de asociación y religión, de las cuales solo cinco fueron aceptados por el Estado, que justificó el rechazo de las demás por “falta de fundamento y distorsión a la realidad”.

Ortega y Murillo desterraron en febrero de 2023 a 222 nicaragüenses a quienes inmediatamente desnacionalizaron y confiscaron sus bienes. Luego fueron otras 94 personas las desnacionalizadas. Además, ha impedido el ingreso de cientos de nicaragüenses dejándolos en apatridia de facto.

ONG cerradas

Marenco dijo que, en su informe nacional, el régimen Ortega-Murillo afirmó que respetaba el derecho de asociación, alegando la existencia de al menos 7,227 organizaciones en 2019. Sin embargo, desde entonces, se han promulgado al menos 17 leyes que han menoscabado este derecho, resultando en la cancelación arbitraria de más de 5,400 organizaciones.

La Ley 976 y 977, aprobadas en 2018, resultaron en la disolución de las primeras nueve organizaciones, acusándolas de financiar un supuesto golpe de estado y terrorismo, además de criminalizar a sus defensores.

En 2020, con la Ley 1040 y su reglamento, se limitaron los derechos políticos de quienes recibían financiamiento del extranjero, aumentando la supervisión y las posibles multas de hasta medio millón de dólares, lo que llevó al cierre de varias entidades, incluida la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

El año 2022 marcó un incremento en las cancelaciones, con 3,138 organizaciones disueltas, en gran parte debido a la promulgación de las Leyes 1115 y 1127, que otorgaron al Ministerio del Interior la facultad de cancelar la personalidad jurídica de organizaciones y confiscar sus bienes.

El 19 de agosto de este año, en un solo día se ordenó el cierre de 1,500 organizaciones de la sociedad civil. Las cancelaciones han sido facilitadas por la falta de imparcialidad e independencia en el sistema de justicia, lo que ha hecho que los recursos legales sean ineficaces, permitiendo así la confiscación de bienes y la criminalización de miembros de estas organizaciones, aumentando la vulnerabilidad de la población.

Libertad religiosa

La libertad religiosa ha sido otro derecho severamente vulnerado. Se han documentado discursos estigmatizantes, agresiones y persecuciones a religiosos, así como cierres de organizaciones y medios de comunicación relacionados con la iglesia.

Desde junio de 2022 hasta febrero de 2024, 65 personas religiosas han sido procesadas. Al menos 13 personas continúan detenidas tras participar en actividades religiosas. Incluso, el periodista Víctor Ticay tiene más de un año en la cárcel solo por transmitir a través de Facebook un evento católico.

Adicionalmente, en 2023, 22 religiosos fueron desnacionalizados y considerados “traidores de la patria” y se ha restringido el ingreso de al menos 200 personas religiosas al país.

La situación en Nicaragua pone en evidencia la deteriorada realidad de los derechos humanos en el país, haciendo urgente y necesario el acompañamiento y la presión internacional para restaurar la libertad, la democracia y la justicia, sostuvo el Colectivo.