El Espacio de Diálogo para la Confluencia entre Actores Nicaragüenses rechazó este martes 27 de agosto el denominado “plan de compactación” en las instituciones del Estado de Nicaragua, ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esta agrupación, que cuenta con el respaldo de más de 30 organizaciones, expresó su firme rechazo a las medidas que han llevado a masivos despidos arbitrarios y al desmantelamiento de derechos laborales.
Luis Marchena, miembro del Espacio de Diálogo, leyó el comunicado oficial durante una conferencia de prensa, condenando lo que describió como un ataque sistemático contra la dignidad de los empleados públicos.
“Hoy nos unimos al dolor de todas las personas que han servido al Estado de Nicaragua con integridad y que producto de la crueldad, el irrespeto a la dignidad humana, la insensibilidad social y demagogia de la Dictadura Ortega Murillo son tirados como si fuesen objetos desechables al desempleo, la informalidad y a la inseguridad económica”, señaló Marchena.
El comunicado sostiene que el único interés del régimen es “estrangular y compactar el aparato estatal” para fortalecer su capacidad represiva y mantener a un sector de incondicionales.
Además, critica el incremento en el flujo de remesas y el uso arbitrario de los recursos del Estado, acusando al régimen de violar el Código Laboral y los derechos de los trabajadores.
“Que esta acción es una muestra más de la perversidad del régimen, que ha trabajado desde hace más de 30 años, con el único interés de retomar el poder político, para enriquecerse escandalosamente y mantenerse a perpetuidad, sin importarle el futuro y bienestar de los nicaragüenses” indicó la agrupación.
Marchena destacó que los empleados públicos “no son piezas personales de ninguna familia”, sino servidores que merecen respeto.
El Espacio de Diálogo también hizo un llamado a la población nicaragüense a solidarizarse con los despedidos y a condenar públicamente el proceso de compactación.
Además, exhortó a los empleados públicos a denunciar las irregularidades dentro de las instituciones y a luchar por un sistema laboral más justo y protegido en una futura Nicaragua democrática.
“Afirmamos que en la nueva Nicaragua, que saldrá de los escombros en los que nos está dejando este régimen, la labor de la persona empleada pública debe ser dignificada, respetado y protegido por instrumentos jurídicos, que impidan la utilización del empleo público como chantaje para conquistar adeptos”, añadió Marchena, subrayando que el país pertenece a todos los ciudadanos y que es imperativo contribuir a debilitar el régimen actual para avanzar hacia una democracia verdadera.
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