Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobaron este martes 3 de septiembre, reformar el Código Penal con el cual se allana el camino para enjuiciar y confiscar a opositores en el exilio y personas jurídicas, que la dictadura considere hayan cometido “delitos contra la administración pública, el Estado o sus instituciones, ciberdelitos”, entre otros.

La reforma penal, propuesta por el dictador Daniel Ortega el pasado 28 de agosto, fue aprobada por 88 de los 91 diputados facto que integran el Parlamento.

Esa iniciativa reformó 27 de los 568 artículos del Código Penal, entre ellos uno que establece que las leyes penales de Nicaragua serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos: lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, y crimen organizado.

Además, delitos contra la administración pública; contra el Estado o sus instituciones; ciberdelitos; cualquier otro que pueda ser perseguido en Nicaragua, conforme los instrumentos internacionales ratificados por el país, entre otros.

Las penas por esos delitos, según la reforma, van desde las privativas de libertad, decomiso de bienes o activos y multa. En los casos de encarcelamiento, en casos de delitos graves, las penas serán hasta de prisión perpetua revisable.

Sandinistas dicen que es una reforma “disuasiva”

Los diputados sandinistas Carlos Emilio López y Edwin Castro defendieron esa reforma bajo el argumento de que fortalecen el ordenamiento jurídico nicaragüense y la labor de las instituciones encargadas del enfrentamiento a la criminalidad organizada transnacional.

“Con esta reforma les estamos autorizando a los judiciales el decomiso de bienes lícitos, entre comillas, de estas personas, sean naturales o jurídicas condenados, para resarcir a la sociedad por el delito cometido”, dijo Castro.

“Creo que es justo y es necesario, que es importantísimo y es, además, disuasivo” decomisar bienes a personas jurídicas que cometan delitos, agregó.

En el caso de personas jurídicas la enmienda establece que se impondrán penas de multa, decomiso y clausura de locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

También la prohibición temporal o definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido encubierto el delito. La prohibición temporal no podrá exceder de cinco años.

Asimismo, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como la prohibición para contratar con el sector público o para gozar de beneficios o incentivos fiscales por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

Además, la intervención judicial a fin de “salvaguardar” los derechos de los trabajadores del Estado, acreedores y terceros por un plazo que no podrá exceder de cinco años, y la disolución de la persona jurídica.

Opositores critican reformas

Dirigentes opositores y abogados nicaragüenses en el exilio opinaron que con estas reformas el dictador Ortega busca enjuiciar en ausencia a los nicaragüenses críticos.

“Esta reforma no solo busca ampliar la capacidad del régimen para perseguir a los opositores dentro de Nicaragua, sino que también extiende su alcance más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en un arma de represión transnacional”, dijo en un análisis Félix Maradiaga.

Según Maradiaga, esa reforma da luz verde para “juzgar y confiscar los bienes de aquellos que se encuentran en el exilio, ampliando su capacidad para silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo”.

El abogado Juan Diego Barberena, miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde), afirmó que el objetivo de la dictadura es “legalizar las ilegalidades” de sus acciones, con el fin de perseguir a los nicaragüenses tanto dentro como fuera del país y consolidar así su control totalitario.

“La dictadura tiene como finalidad legalizar las ilegalidades que ha venido cometiendo durante todos estos años, establecer la confiscación como una pena principal para personas naturales y jurídicas, procesar penalmente e imputarle determinados delitos bajo el principio de universalidad de aplicación de la ley penal, que técnicamente es incorrecto y así poder acusar a los nicaragüenses que desde la exterior están haciendo alguna actividad de incidencia política para denunciar las graves violaciones los Derechos Humanos que hay en Nicaragua”, dijo Barberena a La Mesa Redonda.

“El objetivo de esto es eminentemente político. Nosotros podemos hacer un análisis jurídico de esto, pero como yo siempre repito una frase del profesor alemán Ferdinand ‘los problemas de Derecho son en el fondo problemas de poder, son problemas políticos’, y aquí el objetivo de la dictadura evidentemente es afianzar su control totalitario de todos los espacios políticos y sociales, garantizarse la materialización de estos actos confiscatorios”, añadió.

Para el exdiputado opositor y abogado nicaragüense Eliseo Núñez, ahora cualquier persona acusada por los delitos señalados podría ser sentenciado a cadena perpetua y en ausencia.