La reforma a la Ley No. 641 del Código Penal, promovida por la dictadura de Daniel Ortega, busca darle un barniz de legalidad a sus arbitrariedades y evidencia una estrategia represiva más amplia y peligrosa. Esta reforma parece diseñada para aumentar la capacidad del régimen de ejercer una represión transnacional, es decir, acciones represivas que cruzan las fronteras de Nicaragua. Ya no le basta encarcelar y expulsar a los disidentes más incómodos; ahora, el régimen pretende juzgar y confiscar los bienes de aquellos opositores que se encuentran en el exterior. Además hay un endurecimiento de las penas a toda acción que el régimen interprete como opositora.
Este intento de reinterpretar y distorsionar el derecho penal para convertirlo en un arma política con alcance más allá de las fronteras nicaragüenses refleja una declaración de guerra no solo contra los opositores dentro del país, sino también contra los nicaragüenses en el exilio y la diáspora. El régimen, al atacar a los nicaragüenses en el exilio, muestra su desesperación ante la continua resistencia cívica que se ha convertido en un verdadero problema para la dictadura. A pesar de habernos desnacionalizado, expulsado del país y confiscado, no nos ha podido callar.
Además, es pertinente cuestionar por qué esta reforma se impulsa precisamente en este momento, cuando Ortega ya ha forzado al exilio a los principales líderes opositores. A pesar de las críticas a la falta de unidad y cohesión en la oposición, la incidencia internacional que hemos logrado desde el exilio sigue siendo una espina en el costado del régimen. Prueba de ello es la reciente oposición a la designación de un secretario general afín al régimen en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) así como otras serie de acciones que no siempre reciben la atención que debería, pero que le duelen profundamente a los Ortega Murillo, como es el esquema de sanciones que ha hecho de que los Ortega prácticamente no se puedan mover libremente por el mundo, pero además la fortuna que han robado a los nicaragüenses tampoco puede ser sacada de Nicaragua.
Finalmente, es posible que este anteproyecto de ley esté preparando el terreno para una nueva ola de expulsiones masivas de disidentes nicaragüenses que actualmente son presos políticos. La presencia de numerosos presos políticos es un problema para el régimen, que busca reducir el activismo internacional y acallar la presión de la comunidad internacional. En un posible escenario de excarcelación, el régimen podría usar esta reforma para forzar a los liberados al exilio, despojándolos de su nacionalidad y evitando que se conviertan en voces activas de la resistencia.
Esta ley tiene múltiples implicaciones, pero estas parecen ser las más significativas. Todo indica que esta nueva maniobra represiva del régimen podría materializarse en los próximos días, y debemos estar preparados para enfrentarla con firmeza y determinación, hasta lograr el restablecimiento de la libertad en nuestra Nicaragua.
Félix Maradiaga
Politólogo, académico y activista político nicaragüense. Se desempeñó como secretario general del Ministerio de Defensa y director de Protección Civil durante la presidencia de Enrique Bolaños. Es cofundador y codirector del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil. Miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, exprecandidato presidencial, y excarcelado político desterrado por la dictadura de Ortega.