Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobaron el martes reformar la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), con la que manda a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a obtener información detallada sobre originarios y beneficiarios de remesas en el país.

Antes, la ley autorizaba a la UAF pedir información “sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas y de servicios de remesas” en su artículo 24; ahora esta institución será el órgano que “establecerá normativas para la obtención de la información”.

La enmienda, propuesta por el dictador Daniel Ortega, y aprobada de forma unánime por los 91 diputados de facto, establece que la medida abarca tanto a personas naturales o jurídicas que “actúen como instituciones financieras originadoras, intermediarias y/o beneficiarías, tanto en el caso de operaciones transfronterizas como nacionales”.

Las autoridades tendrán la facultad para ordenar a los sujetos obligados que inmovilicen sin demora los fondos o activos de personas naturales, jurídicas u organizaciones criminales que hayan sido designadas.

Asimismo, se ordena a los bancos, sociedades financieras, sociedades de seguros, reaseguros y fianzas, puestos de bolsa, microfinancieras, a informar a la UAF directamente, sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, sobre las personas naturales o jurídicas sospechosas de la comisión de delitos de lavado de dinero.

Sobre las personas jurídicas y estructuras jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras establecidas en Nicaragua, la reforma les ordena a conservar “información adecuada, precisa y actualizada sobre su beneficiario final y su estructura de propiedad y control”.

Con la reforma, las autoridades judiciales, de supervisión, investigativas, la UAF, tendrán acceso a esa información de las personas jurídicas. Además, las personas jurídicas y estructuras jurídicas deberán suministrar dicha información en los trámites que realicen ante las entidades públicas, financieras u otros sujetos obligados, cuando estas se las requieran, según el texto.

La reforma también manda a los grupos financieros a implementar programas de prevención de los riesgos, los que deben ser aplicables y apropiados para todas sus sucursales, subsidiarias, filiales de propiedad mayoritaria y oficinas de representación en el extranjero, y a compartir la información a la UAF.

En caso que la legislación del país sede o anfitrión en que las sucursales del grupo financiero estén ubicadas y no permita la aplicación de medidas equivalentes a las previstas en esa ley, y/o las medidas existentes en esos países sean menos rigurosas, los sujetos obligados deben adoptar medidas adicionales para hacer frente a los riesgos de lavado de dinero e informar a Nicaragua sobre las mismas.

Wálmaro Gutiérrez, argumentó que “es falso” que con la enmienda la dictadura controlará la actividad comercial en el país. 

“Es falso de toda falsedad, lo que se establece en el artículo 32, es la regulación prudencial para evitar el lavado de dinero, los sujetos obligados deberán saber con exactitud el origen de los fondos con que las personas pagarán por un bien o un servicio. El que diga que no es así, es un perfecto ignorante o quiere lavar dinero”, aseguró Gutiérrez.

Sin embargo, el economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro afirma que detrás de estas reformas puede haber un “interés político de vigilancia”.  

“Esto es para fines de control de información, control de saber exactamente cuánto es la cantidad que está recibiendo cada individuo y muy seguramente van a tener el ojo puesto sobre los familiares de opositores u opositores mismos que estén todavía en Nicaragua recibiendo dinero con el objetivo de persecución política”, declaró Chamorro al medio Confidencial.

Para el economista la reforma “tiene el objetivo de tener más control de la información”.