Las organizaciones internacionales Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), Aula Abierta y RedProdePaz denunciaron conjuntamente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua por parte de la dictadura Ortega-Murillo.
La intervención estuvo a cargo de la nicaragüense Marcella Guevara, representante de RedProdepaz, quien sostuvo que el pasado 15 de agosto la vicedictadora Rosario Murillo anunció un nuevo modelo de operatividad para las ONGs denominado “Alianzas de Asociación”.
Este modelo obliga que las organizaciones solo puedan trabajar en asociación con instituciones estatales y que la dictadura sea la encargada de aprobar o rechazar los proyectos de las ONGs.
Asimismo, denunció que el 20 de agosto pasado, el régimen cerró 1,500 ONGs y confiscó sus bienes, sumando a las más de 5.000 organizaciones, incluidas religiosas y universidades, que han sido clausuradas desde el inicio de la crisis.
Guevara destacó que esta situación afecta no solo a ONGs, sino también a universidades, partidos políticos y medios de comunicación, restringiendo gravemente la participación pública y la libertad de expresión en Nicaragua.
Represión migratoria y reformas legales
Guevara añadió que entre abril de 2018 y febrero de 2024, la represión migratoria ha resultado en 521 víctimas, de las cuales 376 han sido desterradas y despojadas de su nacionalidad.
La reciente reforma al Código Penal, aprobada el 3 de septiembre de 2024, permitiría enjuiciar y confiscar los bienes de nicaragüenses exiliados o personas extranjeras acusadas de delitos contra el Estado. Esta medida no solo viola el debido proceso, sino que también permite al régimen perseguir a activistas más allá de las fronteras nacionales.
El 5 de septiembre, 135 presos políticos fueron excarcelados y forzados al exilio, mientras que dentro del país continúan los ataques contra periodistas críticos y la juventud universitaria, con el objetivo de silenciar a aquellos que podrían liderar un cambio en el futuro.
Guevara exigió la liberación de los líderes y lideresas indígenas, así como de todos los presos políticos.
El informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) de 2023 documenta 585 denuncias de amenazas, intimidaciones y allanamientos contra estas comunidades.
La RedProdePaz pidió a la comunidad internacional y al Estado nicaragüense garantizar la integridad y protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
“Es urgente que el Consejo de Derechos Humanos y la comunidad internacional exijan al Estado nicaragüense el cese inmediato de estas violaciones a los derechos humanos y la protección integral de los mismos”, concluyó Guevara.
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