La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde), condenó “la ilegal” decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al servicio del régimen Ortega Murillo, de despojar de la nacionalidad nicaragüense y confiscar los bienes de las 135 personas presas políticas que la semana pasada fueron excarceladas y desterradas a Guatemala.
“Con esta acción arbitraria de despojo de la nacionalidad, se afecta el gozo efectivo de los derechos humanos y se deja más vulnerables a los 135 presos de conciencia, que ahora se suman al primer grupo de 222 reos y al de 94 personas de diferentes sectores de la sociedad, contra los que en febrero de 2023 se cometió este delito”, dijo Monteverde a través de un comunicado.
La Concertación sostuvo que el régimen Ortega Murillo en su estrategia de persecución política contra las voces disidentes, “nuevamente violó los artículos 8 y 9 de la Convención para Reducir la Apatridia de 1961”.
“El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado que la privación arbitraria de la nacionalidad menoscaba el pleno disfrute de todos los derechos humanos y la libertad fundamental de un individuo. Además, con esta nueva violación a los derechos fundamentales de los nicaragüenses se siguen cometiendo delitos de Lesa Humanidad”, agregó.
La dictadura Ortega-Murillo anunció este martes el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el pasado jueves 5 de septiembre, y ordenó además el decomiso de sus bienes, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Ni Estados Unidos, ni Guatemala, ni Nicaragua han oficializado la lista de los beneficiados.
Con esta medida, el régimen elevó a 452 el número de nicaragüenses a los que les han privado de su nacionalidad y de sus bienes en los últimos dos años.
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