La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quitó la nacionalidad nicaragüense a los 135 excarcelados políticos que el pasado 5 de septiembre desterró en Guatemala. Además, ordenó la confiscación de sus bienes en Nicaragua.
A través de una nota de prensa, la CSJ informó que la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, emitió resolución judicial “ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”.
La dictadura se ampara en la Constitución Política, Código Penal y Leyes 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; y 1145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.
La CSJ también ordenó “el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva, a las víctimas de estos delitos”.
Los 135 nicaragüenses llegaron por avión a Guatemala el 5 de septiembre de madrugada después de varios meses de negociación entre el régimen de Daniel Ortega y el gobierno estadounidense.
Ni EE.UU., ni Guatemala, ni tampoco Nicaragua han oficializado la lista de los excarcelados.
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