La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su repudio a la “privación arbitraria” de la nacionalidad nicaragüense y confiscación de sus bienes a 135 personas excarceladas políticas y desterradas en Guatemala.
“La CIDH repudia que estas excarcelaciones hayan venido aparejadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y confiscación de bienes de las víctimas de apatridia. Esta medida constituye una de las formas más severas de la represión empleadas ahora por el régimen, ya que acarrea profundas consecuencias para estas personas y sus familias, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad”, sostuvo la CIDH, que añadió que desde 2023, por lo menos 450 personas identificadas como opositoras políticas han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense.
El pasado 5 de septiembre, 135 presos políticos fueron excarcelados y trasladados a Guatemala. La CIDH saludó los esfuerzos de los Estados Unidos de América y Guatemala para recibirlas, así como las medidas anunciadas para garantizar asistencia médica y humanitaria.
No obstante, el 10 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ordenó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense de estas personas, así como la confiscación de sus bienes.
La CIDH refrendó que “la nacionalidad es un derecho fundamental inderogable y resaltó que su privación arbitraria, especialmente como sanción impuesta por motivos políticos, contraviene las normas del derecho internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ambas ratificadas por Nicaragua”.
La CIDH urgió al Estado de Nicaragua “garantizar el derecho a la nacionalidad, a cesar la represión en el país y a liberar de todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente, entre ellas, las y los líderes indígenas de la Costa Caribe que cuentan con medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano”.
Finalmente, la CIDH alentó a los Estados de la región a adoptar o fortalecer los mecanismos de cooperación regional y de responsabilidad compartida que permitan atender y reconocer a las personas apátridas y, consecuentemente, otorgarles la protección especial que requieren, garantizando el acceso a los territorios y procedimientos para obtener protección internacional, incluyendo el otorgamiento del estatuto de refugiados; y continuar implementando acciones de inclusión social sin discriminación, en favor de estas personas.
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