La abogada de inmigración Astrid Carolina Montealegre, presentó el sábado 5 de octubre, una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el abogado nicaragüense Pablo Cuevas y su oficina Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH) por supuesto “fraude migratorio” a al menos 20 víctimas migrantes nicaragüenses.

Montealegre, ciudadana estadounidense e hija de padres nicaragüenses, presentó la denuncia contra Cuevas tras recibir más de 20 quejas de personas que aseguran haber sido defraudadas por la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), asegurando que los servicios ofrecidos por Cuevas carecen de la legalidad en Estados Unidos, pues el abogado nicaragüense no está autorizado para ese tipo de trámites en ese país.

“Él en los Estados Unidos no es abogado. Él tiene una organización sin fines de lucro, tiene una página web y ofrece servicios de asesoría migratoria, lo cual es ilegal. En los Estados Unidos solo los abogados pueden dar consejos legales, o las organizaciones que están aprobadas por el Departamento de Justicia. La organización de él no está aprobada por el Departamento de Justicia, y él no es abogado en los Estados Unidos, ni abogado de migración”, explicó Montealegre a La Mesa Redonda.

La abogada argumentó que las denuncias están fundamentadas en la falta de envío oportuno de documentos a USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.) y en la prestación de servicios por los cuales los solicitantes no calificaban.

“Los casos de defraudación incluyen situaciones donde se presentaron documentos incorrectamente, o donde se realizaron cambios de dirección que llevaron a órdenes de deportación. Estos errores podrían haberse evitado con un manejo adecuado de los procesos legales”, declaró.

Lo antes expuesto ha provocado que algunas de las personas migrantes hayan sido deportadas, y otras tienen órdenes de deportación en proceso.

“Estas órdenes de deportación podrían haberse evitado si el Sr. Cuevas hubiera presentado correctamente una cambio de dirección o la petición de asilo con EOIR en lugar de con USCIS para víctimas en procesos judiciales”, apuntó.

Asimismo, la abogada de inmigración denunció que las personas que han acudido con Cuevas fueron cobradas con una ‘donación’ obligatoria que en algunos casos excede el costo promedio de los servicios legales.

“Mientras que algunos abogados ofrecen procesos similares de forma gratuita, estas víctimas no pueden permitirse pagar altas tarifas legales”, expresó Montealegre, que detalló que las sumas de “donación” ascienden a los 1 mil o 3 mil dólares por caso.

“Es fraude, porque está cobrando, pide una donación que es exigida y cuando las personas piden copias de sus documentos, o preguntan que si ya los envió, les cobra”, aseveró.

Montealegre también subrayó que la DNDH no está en la lista de organizaciones aprobadas para brindar asesoría migratoria, lo que hace aún más preocupante la situación.

“He solicitado desde el 18 de julio que el Sr. Cuevas desactive la sección de su página web que ofrece estos servicios”, dijo Montealegre, que además afirmó haber conversado con Cuevas para exponerle la situación antes de la denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense.

“Yo le pedí desistir de brindar asesoramiento legal sin los permisos y supervisión legal requeridos por la Ley federal de los Estados Unidos. También le proporcioné el enlace para registrarse en OLAP (Oficina de Programas de Acceso Legal)”, mencionó.

“Yo hablé con él personalmente, me escuchó, le dije lo de las denuncias, y me dijo: ‘usted sabe que hay gente que siempre se va a quejar’”. Sin embargo, Montealegre refutó esta afirmación, señalando que su larga trayectoria como abogada no ha presentado quejas similares.

La abogada de inmigración detalló que entre las 20 personas que aseguran haber sido defraudadas, se encuentran migrantes que entraron a Estados Unidos con visa, indocumentados y con parole.

“Hay de todo, pero todas tenían procedimientos migratorios y todas terminaron con órdenes de deportación, y en tres casos, deportados. De los deportados, son víctimas directas del régimen” en Nicaragua, precisó.

Recomendación para migrantes en EEUU

Montealegre aconsejó a quienes buscan ayuda migratoria en Estados Unidos que se dirijan a organizaciones aprobadas por el Departamento de Justicia y que se aseguren de consultar a abogados licenciados en ese país.

“Si van a tener preguntas acerca de sus casos, busquen una organización que esté autorizada por el Departamento de Justicia, eso no significa que tienen que ser abogados, pero reciben un entrenamiento específico, y tienen supervisión. Y que si van a consultar con una persona específica, que se aseguren que esa persona sea un abogado en los Estados Unidos, experto en el tema migratorio”, añadió.

Con la presentación de la denuncia, Montealegre espera que el Departamento de Justicia tome en consideración la magnitud del problema y actúe en defensa de las víctimas, que muchas veces son las más vulnerables en este complejo proceso migratorio.

“Honestamente, nunca había hecho este tipo de denuncia, tengo 20 años de ser abogada en Estados Unidos y nunca me había tocado hacer una denuncia de este tipo. Y me preocupa y me entristece, porque las personas a quienes defraudó son las personas más vulnerables, y son personas que sí son víctimas y que sí tienen derecho a asilo”, concluyó Montealegre.