La abogada de inmigración Astrid Montealegre de la fundación Nicaragua American Human Rights Alliance (NAHRA) explicó las opciones que tienen los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos tras la finalización de su permiso de estadía de dos años en ese país, a través del parole humanitario.

El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente que no renovará el parole humanitario para los ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, quienes deberán buscar otras alternativas migratorias para permanecer en ese país o serán deportados.

En una entrevista con La Mesa Redonda, Montealegre explicó las alternativas disponibles para aquellos que buscan regularizar su estatus en Estados Unidos.

Los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos bajo el parole humanitario tienen un máximo de dos años desde su entrada, para iniciar un proceso conocido como “ajuste de estatus”, que les permite cambiar su condición de parole a otro estatus legal, explicó la abogada.

Entre las opciones disponibles, se encuentra el asilo, la petición familiar o las visas de trabajo.

El asilo

“Entre las opciones está, el asilo, tomando en cuenta de que no todo nicaragüense que migra a los Estados Unidos califica para el asilo, porque el asilo está limitado a personas que han sufrido o temen sufrir persecución como persecución religiosa, persecución por opinión política, persecución por género o membresía en un grupo social particular. Hay un límite general de un año que tiene la persona desde su entrada al país para presentar su asilo”, expuso Montealegre.

La experta detalló que también pueden calificar para el asilo las personas que son familiares de perseguidos políticos.

La abogada también explicó las diferencias entre el asilo defensivo y afirmativo. El primero es para quienes están en un proceso judicial, mientras que el segundo está disponible para quienes ingresaron legalmente y aún no tienen un caso en la corte.

“Se le recomienda a los solicitantes que llenen el formulario de forma completa, contestando todas las preguntas, indicando si tuvieron asistencia con la preparación o no y hay un espacio donde el preparador pone su nombre, número de teléfono y dirección precisamente para evitar el fraude y que el preparador sea responsable por el trabajo que está presentando; pero también se le recomienda a la persona que presenten una declaración personal y cualquier prueba que tengan apoyando su asilo. Todas las pruebas que no estén originalmente en el idioma inglés tienen que ser traducidas y llevar una certificación de esa traducción”, recomendó.

La petición familiar

Otra opción que tienen algunas personas para poder ajustar su estatus, es la petición familiar.

“La petición familiar es para las personas que tienen un familiar inmediato que sea residente permanente, legal, o ciudadano, que los pueda pedir mientras están en Estados Unidos”, explicó la abogada.

Asimismo, “si se casan con un ciudadano americano pueden iniciar el proceso de petición familiar”, añadió Montealegre, pero advirtió que este proceso no es inmediato.

“Si durante ese proceso mientras reciben su residencia permanente legal se va a claudicar su estadía legal bajo el parole humanitario, entonces adicionalmente deberían de pedir lo que se llama una extensión de estadía”, indicó.

La visa de empleo

Montealegre agregó una tercera alternativa: “Las personas que tienen un trabajo estable e inclusive las personas que tienen educación o formación en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática, pueden calificar para visas específicas de empleo”.

“A veces con la certificación laboral que se requiere un patrocinio del empleador y una aprobación por el Ministerio de Trabajo de esa posición y a veces sin la certificación laboral, si caben dentro de las excepciones a ese requisito”, aseguró.

Costos legales para el “ajuste de estatus”

La experta aseguró que los costos legales pueden ser elevados, con procesos que inician en 5,000 dólares y pueden ascender a 15,000 dólares dependiendo de la complejidad del caso.

“Un proceso afirmativo de apoyo legal con un abogado privado generalmente inicia de 5.000 y puede subir hasta 8.000 o 10.000; y en los procesos defensivos los procesos pueden iniciar de 8.000 y ascender hasta 15.000. Ahora ni hablemos de las apelaciones que son aún más costosas”, declaró.

Sin embargo, Montealegre destacó que existen organizaciones, como NAHRA, que ofrecen asistencia gratuita, incluyendo la preparación de formularios y traducciones.

“Hay un sin número de organizaciones inclusive NARHA a la cual yo pertenezco y sirvo como voluntaria abogada supervisora, no tiene ningún costo. De hecho el formulario lo puede llenar un amigo o un pariente que sepa hablar inglés, pone su información como preparador y se presenta de manera gratis, no tiene costo el formulario en sí”, dijo.

“Lo que se paga cuando se paga, son los honorarios del abogado, pero no requiere que un abogado presente el formulario, la persona lo puede presentar en nombre propio y quien le prepara el formulario puede poner su nombre y dirección tal y como lo pide el formulario y no tiene ningún costo. De hecho NARHA brinda este servicio de forma gratuita que incluye hasta la traducción las declaraciones personales y las pruebas”, añadió la abogada.

Montealegre advirtió sobre las consecuencias de permanecer en Estados Unidos de manera ilegal, señalando que esto puede resultar en deportaciones.