Las autoridades colombianas detuvieron a cuatro personas, entre las que se encuentran dos funcionarios de ese país, un nicaragüense y otro colombiano, supuestamente acusados de formar parte de una organización criminal transnacional de tráfico de migrantes, especialmente vietnamitas, desde el archipiélago de San Andrés a Nicaragua.

Así lo informó este lunes la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Fiscalía, que junto a la Policía y la embajada de EE.UU. desarrolló la operación ‘Sin Límites’ en la isla de San Andrés.

Estas cuatro personas supuestamente hacían parte de una organización que funcionaba como ‘coyotes‘, pues ofrecían a los migrantes asiáticos que llegaban a Colombia rumbo a Estados Unidos traslados desde Ipiales (en la frontera con Ecuador) hasta Medellín y de ahí a San Andrés, ubicado en el Caribe, cerca de Nicaragua, país donde luego les llevaban vía marítima por el pago de entre 2.000 y 2.500 dólares por persona.

Dentro de esta organización, según la investigación de las autoridades, hay también dos funcionarios del gobierno departamental de San Andrés, que se valían de su cargo para permitir que desde los módulos de ingreso y control de turistas del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla no se registrara la entrada y salida de extranjeros asiáticos.

“Como alias ‘Natasha’ es conocida la líder de la organización delictiva, quien fungía como funcionaria de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la isla”, apuntó la Dijín en un comunicado.

Esta mujer tenía a varias personas bajo su mando y, además, coordinaba el hospedaje y alimentación de los migrantes y recibía el dinero de los migrantes vietnamitas.

Otro de los detenidos es alias ‘Gordo’, un ciudadano nicaragüense que sería la pareja de ‘Natasha’, quien recogía a los migrantes en el aeropuerto de San Andrés y los transportaba hasta Nicaragua por mar, y también el hermano de la mujer, quien responde al alias de ‘Sergey’.

El último detenido es ‘Jose’, un funcionario de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), que permitía el ingreso de los extranjeros “omitiendo su labor, para que siguieran irregularmente la ruta migratoria con destino a Nicaragua”.

La Fiscalía les ha imputado cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes y un juez les ha impuesto prisión preventiva en la isla.