La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha otorgado medidas cautelares a favor de cuatro personas presas políticas en Nicaragua “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

Los beneficiados son Gersom Antonio Zeledón Motta, Eveling Carolina Matus Hernández, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, y Carmen María Sáenz Martínez, quienes “se encontrarían con paradero desconocido a partir de sus respectivas detenciones entre marzo y agosto de 2024”, detalló el organismo en un comunicado.

“Se alegó que las detenciones fueron realizadas por agentes policiales mediante operativos y/o allanamientos de las respectivas viviendas, sin indicarse los motivos de su arresto. Las autoridades estatales no habrían brindado información oficial sobre el paradero o el estado actual de estas personas. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH”, reza el comunicado.

La CIDH consideró que las personas beneficiarias “se encuentran en una situación de riesgo, susceptible a una mayor afectación de sus derechos. Esto considerando que no se conocería sobre su paradero, ni se cuenta con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender su situación de riesgo o sobre cualquier medida para dar con su paradero”.

Por consiguiente, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que, “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las personas beneficiarias, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”.

Que informe si las personas beneficiarias se encuentran bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención. En particular, informar sobre el lugar de su detención, permitiendo el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias, y asegurar que sean presentados ante autoridades judiciales para la revisión y monitoreo de su eventual detención.

Asimismo, que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición”.