La Coalición Nicaragua Lucha denunció este viernes 8 de noviembre el aumento desmedido de la violencia y las violaciones a los derechos humanos contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región de la Muskitia, en el Caribe Norte de Nicaragua.

Según la Coalición, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado las políticas de control sobre las comunidades indígenas, erosionando sus sistemas de gobierno tradicional y despojándolas ilegalmente de sus tierras y territorios, mientras se perpetúa un clima de total impunidad.

Violencia, usurpación de tierras e impunidad estatal

De acuerdo con el informe presentado por las organizaciones que forman parte de la Coalición Nicaragua Lucha, entre enero y septiembre de 2024 se han documentado 330 casos de violaciones al derecho a la propiedad comunal.

De estos, 223 casos corresponden a la usurpación de tierras, afectando a 1,180 familias indígenas, mientras que 89 casos más documentan desplazamientos forzosos que han impactado a 590 familias de comunidades con medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La denuncia destaca que, en lugar de tomar medidas contra los invasores o colonos identificados como responsables de estos actos, la Policía ha perseguido y amenazado a los defensores del territorio, acusando a las propias comunidades de ser las causantes de las invasiones.

La Coalición también cuestiona el incumplimiento del Estado nicaragüense con el proceso de saneamiento territorial ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que busca garantizar la legalización de los territorios indígenas.

Este proceso, previsto en la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de Pueblos Indígenas, ha sido ignorado por el régimen, lo que ha favorecido la invasión y usurpación de tierras indígenas, facilitada por un marco normativo que prioriza las concesiones extractivas.

Minería y la explotación de recursos: el trasfondo del despojo

Una de las mayores preocupaciones de la Coalición es el aumento de las concesiones mineras en territorios indígenas. En 2024, Ortega otorgó 13 concesiones, de las cuales 11 fueron a empresas mineras chinas con vínculos cercanos al régimen.

Estas concesiones abarcan más de 211,000 hectáreas de territorios indígenas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), exacerbando la crisis territorial y ambiental en la región.

Según el informe, este auge de concesiones mineras no solo amenaza el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino que también favorece la explotación de los recursos naturales sin garantías de protección ambiental ni de remediación ante los daños causados.

El impacto de esta expansión minera ha sido devastador para áreas protegidas como Bosawás e Indio Maíz, las dos reservas naturales más grandes del país.

La minería, tanto legal como ilegal, ha acelerado la deforestación, aumentado la violencia en las comunidades y profundizado la crisis alimentaria, al mismo tiempo que obliga a cientos de familias indígenas al desplazamiento forzoso, tanto dentro del país como hacia el extranjero.

Control estatal y deslegitimación de autoridades indígenas

La Coalición Nicaragua Lucha también denuncia que el Estado nicaragüense ha establecido un control absoluto sobre los 23 gobiernos territoriales indígenas. Esto ha conducido a la desarticulación de la autonomía comunal, debilitando la capacidad de las comunidades para organizarse y defender sus derechos territoriales.

La creación de gobiernos paralelos y la imposición de autoridades subordinadas a las alcaldías municipales y a los gobiernos regionales son parte de un esfuerzo sistemático para anular la legitimidad de las autoridades tradicionales indígenas.

Un caso emblemático de este control político es el despojo de la personería jurídica del partido indígena YATAMA (Yapti Tasba Masrika Asla Takanka) en noviembre de 2023, impidiéndole participar en las elecciones regionales.

YATAMA, que históricamente fue el representante político de los pueblos indígenas de la Muskitia Norte, ha visto cómo sus líderes, como Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez James, fueron detenidos arbitrariamente.

Rivera, de hecho, permanece desaparecido, mientras que Henríquez ha sido condenada injustamente.

Violencia y desplazamiento forzado

Desde 2015, la violencia en las comunidades indígenas y afrodescendientes ha aumentado significativamente, con denuncias constantes de ataques y amenazas.

Los colonos, en su mayoría armados, ingresan a las comunidades sin permiso, cometiendo actos de violencia como amenazas, disparos y abusos sexuales. Estos crímenes rara vez son investigados, y mucho menos se lleva a los perpetradores ante la justicia.

El Estado nicaragüense, en lugar de actuar para proteger a las víctimas, sostiene que los conflictos en la zona son simples disputas entre particulares, negando la violencia estructural asociada al despojo ilegal de tierras.

La Coalición Nicaragua Lucha también denuncia que el régimen presiona a las comunidades indígenas para que acepten la cohabitación con los colonos y la venta de tierras comunitarias, lo que va en contra de las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Llamado a la comunidad internacional

La Coalición, conformada por 29 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que conozca la situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

Las acciones del Estado, según la Coalición, están orientadas a la destrucción cultural de estos pueblos, la negación de sus derechos territoriales y la supresión de sus prácticas tradicionales, con el objetivo de eliminar su identidad cultural y su potencial político, ambiental y económico.