La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras destacadas organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), adopte medidas para garantizar la protección de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua.

En una declaración firmada por una red de organizaciones de la sociedad civil, se destaca la necesidad urgente de formular recomendaciones que frenen la creciente represión contra los periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua.

Desde 2018, Nicaragua ha estado atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes, exacerbada por una brutal represión estatal tras las manifestaciones ciudadanas que exigían reformas democráticas. Activistas, artistas, estudiantes, miembros del clero y, en especial, periodistas y medios de comunicación han sido objeto de persecución, criminalización y acoso por cuestionar al régimen de Daniel Ortega.

A pesar de que la dictadura Ortega-Murillo, en su informe presentado en septiembre de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos, asegura que no ha habido violaciones a la libertad de expresión entre 2019 y 2023, las evidencias presentadas por la sociedad civil y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU contradicen esta afirmación.

Investigaciones, testimonios y datos concretos señalan el cierre casi total del espacio cívico en el país y la persecución sistemática de voces disidentes.

Represión y hostigamiento a periodistas

Según información recopilada por organizaciones de derechos humanos, entre 2019 y 2023 las agresiones contra periodistas en Nicaragua incluyeron detenciones arbitrarias, espionaje, acoso judicial, secuestros, ataques violentos por razones de género, tortura y vigilancia a los familiares de los afectados.

El exilio forzado se ha convertido en una práctica común, con cientos de periodistas obligados a huir del país para proteger su vida. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), hasta septiembre de 2024, al menos 278 periodistas han sido exiliados.

Además, el despojo de la nacionalidad y el destierro de opositores políticos han alcanzado niveles alarmantes. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informa que entre 2018 y 2023, alrededor de 440,260 personas se vieron obligadas a abandonar el país debido a la persecución política, un 6.5% de la población. Al menos 317 personas fueron despojadas de su nacionalidad bajo la acusación de “traición a la patria”.

Cierre del espacio cívico

La represión en Nicaragua se ha intensificado con el cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y asociaciones culturales.

Hasta agosto de 2024, se han registrado más de 5,600 cierres de este tipo. Esta cifra refleja la creciente prohibición de cualquier manifestación pública de disenso, lo que constituye una grave violación al derecho fundamental de expresión.

Las organizaciones firmantes exigen al Estado de Nicaragua poner fin a la persecución y criminalización de las voces disidentes, y que cumpla con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de expresión, prensa y manifestación.

“El Estado nicaragüense ha utilizado diferentes mecanismos estatales para la represión, entre ellos, el fortalecimiento de su marco normativo restrictivo y punitivo, acompañado de procesos judiciales aplicados de manera discrecional y sin criterios definidos”, reza la declaración.

Asimismo, instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a adoptar recomendaciones concretas para prevenir, proteger y sancionar las violaciones a estos derechos fundamentales.

“Es fundamental la adopción de recomendaciones que permitan prevenir, proteger y perseguir las violaciones de la libertad de expresión”, concluyen.