El próximo lunes 18 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dará a conocer la sentencia en el caso ‘Pueblos Rama y Kriol vs. Nicaragua’, relacionado con el fallida proyecto del “Gran Canal Interoceánico por Nicaragua” y su impacto sobre los derechos territoriales de pueblos indígenas y afrodescendientes en la región.

La lectura y notificación de la sentencia se llevará a cabo en la sede de la Corte en Costa Rica, y será transmitida de manera virtual, a la 1:00 de la tarde, informó el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).

Este caso tiene su origen en 2014, cuando las comunidades indígenas, denunciaron ante la Corte IDH la falta de “Consentimiento Libre, Previo e Informado” en la promulgación de las leyes que crearon el marco legal para la construcción del Gran Canal Interoceánico.

Las leyes 800 y 840, aprobadas por la dictadura de Nicaragua en 2013, otorgaron la concesión para la construcción del canal sobre tierras que pertenecen a estos pueblos indígenas y afrodescendientes, sin haber sido consultados de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

Según CALPI, que ha representado a las comunidades afectadas desde el inicio del caso, el régimen de Ortega no solo desconoció los derechos territoriales de estos pueblos, sino que además, actuó de forma ilegítima al imponer gobiernos paralelos y al firmar convenios sin la consulta correspondiente.

La organización afirma que el Estado cooptó al presidente del GTR-K y lo obligó a firmar un supuesto acuerdo para arrendar de forma perpetua 263 km² de tierras indígenas, sin el consentimiento de las comunidades.

Según las autoridades de estas comunidades, entre 2012 y 2020 presentaron más de 20 recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, pero todos fueron rechazados, lo que llevó a las comunidades a recurrir a la Corte IDH como última instancia.

El conflicto también está relacionado con la protección y conservación de la Reserva Biológica Indio-Maíz, un área clave en la región sureste de Nicaragua, que podría verse gravemente afectada por la construcción del canal.

La Corte IDH examinará si el Estado de Nicaragua ha incumplido sus obligaciones internacionales en relación con el respeto de los derechos de autodeterminación, la consulta previa y la protección del medio ambiente en este caso.

Derogación y reformas

Cabe mencionar que el 8 de mayo pasado, el dictador Daniel Ortega ordenó a sus diputados de facto en la Asamblea Nacional derogar la Ley 840 para retirar la concesión del proyecto al Hong Kong Nicaragua Canal Development Group (HKND), del inversionista chino Wang Jing.

El acuerdo con Wang Jing, firmado hace 11 años, le otorgaba la administración del canal por 50 años con una posibilidad de prórroga por el mismo período a cambio de un pago de diez millones de dólares cada año durante la primera década. Asimismo, le brindaba el derecho al 1% del patrimonio de los subproyectos, que se elevaría hasta el 99% al finalizar la concesión. Sin embargo, el proyecto nunca inició.

Además, Ortega les ordenó reformar la Ley 800 “Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de la Creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua” que pasa el proyecto a manos del Estado.