La dictadura de Daniel Ortega a través de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) emitió una circular dirigida a los Gerentes Generales de los bancos del país, que buscaría calmar la preocupación generada por la recién aprobada ‘Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas’ (Ley 1224).
Esta ley, que establece la nulidad de las sanciones impuestas por entidades extranjeras a funcionarios del Estado y organismos públicos de Nicaragua, ha generado alarma entre los bancos locales y sus corresponsalías internacionales.
Según fuentes, la legislación ha creado una fuerte reacción en el sector bancario, ya que las corresponsalías –en su mayoría bancos extranjeros, especialmente de Estados Unidos– juegan un papel clave en las transacciones internacionales, y su participación es crucial para que las entidades financieras nacionales puedan operar dentro del sistema económico global.
La circulación de la ley, que parecía tener como objetivo presionar a la banca y al capital extranjero, fue vista como un peligro para la estabilidad financiera del país.
La circular de la SIBOIF
En respuesta a las tensiones, la SIBOIF emitió una circular “aclaratoria” para tranquilizar tanto a los bancos como a las corresponsalías, asegurando que no se implementaría la ley de manera inmediata.
En su comunicado, la SIBOIF afirmó que las instituciones financieras deberán seguir cumpliendo con las regulaciones internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, y que no se aplicarán sanciones ni medidas de restricción a los servicios internacionales de los clientes designados en las listas de sancionados, siempre que estas transacciones respeten los marcos legales internacionales.
“Las instituciones financieras deberán mantener la observancia de las regulaciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. Las instituciones financieras deberán establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas y deberán reportarlos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Debe verificarse que la prestación de servicios financieros internacionales para estos clientes guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales. Esta Superintendencia dará seguimiento al cumplimiento de lo antes instruido, en correspondencia con el marco legal aplicable”, reza la circular.
Ley representa un “harakiri financiero”
El economista Oscar René Vargas analizó la situación y señaló que la circular es una muestra de que la Ley 1224 probablemente nunca será aplicada en su totalidad.
“La circular de la Superintendencia de Bancos es precisamente una manera de demostrar de que la ley era solamente para presionar al gran capital. La posibilidad de que esa ley se implementara era muy limitada, mejor dicho, casi nula”, dijo el economista a La Mesa Redonda.
Según Vargas, la implementación de la ley representaría un “harakiri financiero” para el régimen de Ortega, ya que afectaría directamente las relaciones de Nicaragua con el sistema financiero global, incluyendo remesas, inversiones extranjeras, préstamos y transacciones de comercio exterior, que dependen de las relaciones bancarias con instituciones internacionales, especialmente estadounidenses.
“Esta ley que aprobaron probablemente la vayan a limitar, creo yo, no la van a aplicar, porque aplicarla sería como el harakiri financiero que se haría el régimen. No tiene la posibilidad de salirse del sistema del dólar. Y yo creo que fue una locura la que hicieron, un error político. Y no tienen ninguna posibilidad de implementarla. También se podía interpretar que era como una especie de chantajear al Gran Capital para que ese Gran Capital fuera a cabildear a favor del régimen. Pero yo creo que se dieron cuenta muy rápidamente de que era un error”, opinó Vargas.
Riesgo para los bancos
Otra fuente consultada por La Mesa Redonda, sobre la apertura de cuentas bancarias a funcionarios orteguistas sancionados por el Tesoro de Estados Unidos, explicó que cualquier banco que tenga relaciones comerciales con instituciones financieras de Estados Unidos está obligado a cumplir con estas sanciones. Esto significa que no puede abrir ni mantener cuentas bancarias para individuos o entidades que hayan sido sancionadas, independientemente del uso que estos hagan de sus cuentas.
“Cuando un individuo o corporación es sancionado por el OFAC que es el organismo de EUA que establece y controla las sanciones, cualquier banco que tenga relaciones comerciales con bancos gringos, no puede mantener o abrir una cuenta de un individuo o ente sancionado. No importa el uso que el cliente vaya a hacer con la cuenta”, expuso.
“El alcance de esta ley es tan grande que puede exigir hasta el congelamiento de los fondos existentes en una cuenta de un sancionado en cualquier banco del mundo, siempre que este banco tenga relación con bancos de EUA. Y se queda sin poder hacer transacciones a través del SWIFT que es el sistema de transacciones internacionales”, añadió.
Qué dice la ley 1224
La Ley 1224 establece que las sanciones impuestas por países u organismos extranjeros que violen el derecho internacional son nulas en Nicaragua, y que ninguna entidad podrá suspender o negar la provisión de servicios financieros o comerciales a personas o entidades del país, bajo el pretexto de sanciones internacionales.
Además, otorga a las instituciones públicas reguladoras la facultad de imponer sanciones a las entidades que violen los derechos de los usuarios y consumidores, incluyendo la posibilidad de suspender operaciones de aquellas que infrinjan la ley.
El contexto de la ley también ha generado una preocupación palpable en la comunidad internacional. Cerca de veinte bancos extranjeros, más de la mitad de ellos estadounidenses, operan como corresponsales de los bancos locales en Nicaragua.
Estos bancos internacionales son fundamentales para permitir las transferencias de dinero y otros servicios financieros que alimentan el flujo económico del país, en especial las remesas, que constituyen una fuente vital de ingresos para miles de familias nicaragüenses.