La Alianza Progresista expresó este miércoles 4 de diciembre, su profunda alarma tras la reciente aprobación de reformas constitucionales en Nicaragua que consolidan un control absoluto de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre todos los poderes del Estado, las instituciones y los medios de comunicación.

Mediante un comunicado, la Alianza Progresista, conformada por partidos políticos progresistas a nivel mundial, señaló que “si estos cambios se promulgan a principios del próximo año, consolidarán la caída de Nicaragua en un régimen autoritario y aislarán aún más al régimen a nivel internacional”.

“Desde hace tiempo condenamos el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas y la violación de los derechos humanos bajo el régimen actual”, sostuvo la Alianza Progresista.

Destacó que esta medida es una amenaza directa a los esfuerzos democráticos del pueblo nicaragüense, que ha enfrentado incansablemente la tiranía de Ortega y Murillo.

“Esta última medida, que manipula la constitución del país, intensifica la campaña de represión y control del régimen”, anotó.

La Alianza alertó que “la consolidación del poder en una sola familia no sólo supone un nuevo retroceso para Nicaragua, sino también una grave amenaza para la estabilidad regional”.

“Las alianzas del actual régimen con gobiernos autoritarios socavan los principios democráticos y las libertades fundamentales defendidas por los movimientos progresistas en todo el continente americano”, indicó.

La Alianza Progresista reafirmó su firme apoyo a las fuerzas democráticas de Nicaragua, que continúan resistiendo a pesar de las enormes dificultades.

“La Alianza Progresista une fuerzas con partidos hermanos de todo el mundo y con la comunidad internacional para fortalecer el apoyo al pueblo de Nicaragua en su lucha por restablecer la democracia, el Estado de derecho y el respeto a la dignidad humana. Nicaragua no enfrentará esta lucha sola”, concluyó.

El dictador Daniel Ortega ordenó una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el orteguismo, que establece que la Presidencia de la República ahora encabezada por un “copresidente” y una “copresidenta” con mandato de seis años, y elimina el principio de separación de poderes.

La reforma constitucional, también legaliza la apatridia y deroga el artículo en el que se prohibía la práctica de la tortura, entre otros cambios.