El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptará mañana miércoles 26 de marzo el informe final del Examen Periódico Universal (EPU) 2024, referente a la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Este informe, resultado del análisis realizado por los 193 Estados miembros de la ONU, evalúa el cumplimiento de las normativas internacionales de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega.
El EPU es un mecanismo clave de la ONU para revisar y promover el respeto a los derechos humanos en todos los países miembros.
El examen de Nicaragua tuvo lugar durante la 15ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, celebrada el 13 de noviembre de 2024.
La delegación orteguista fue encabezada por la Procuradora General, Wendy Morales Urbina. Posteriormente, el informe preliminar fue aprobado en la 17ª sesión del grupo de trabajo, realizada el 15 de noviembre.
Entre los temas más relevantes en el informe final se encuentran las restricciones a la libertad de asociación, la represión de la libertad de expresión y reunión, así como los ataques a la autonomía universitaria y las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Además, se aborda la situación de los presos políticos, cuya detención continua es un legado de las protestas de 2018 contra el régimen de Ortega.
El informe refleja una crítica constante hacia el régimen de Ortega por su represión contra la sociedad civil, especialmente a través de la cancelación arbitraria de las personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, desde 2018 han sido cerradas universidades, medios de comunicación y grupos que brindan apoyo a comunidades vulnerables. Esta práctica ha sido considerada una violación grave de los derechos humanos, que afecta la libertad de asociación y el derecho a la información.
Otro de los puntos destacados en el informe es la represión contra la Iglesia Católica.
Recomendaciones internacionales
El informe final del EPU incluye una serie de recomendaciones para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre las que destacan la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la firma de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
También se insta al país a reanudar la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, se le ha solicitado al régimen nicaragüense estudiar la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y garantizar que los mecanismos internacionales tengan acceso sin restricciones a Nicaragua para llevar a cabo investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el país.