La jueza federal Trina Thompson, del Tribunal del Distrito Norte de California, emitió este 31 de julio una decisión clave para más de 60.000 migrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal. Su fallo suspende la cancelación inmediata del Estatus de Protección Temporal (TPS), medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La orden judicial bloquea la finalización del programa que beneficiaba a unos 51.000 hondureños, 3.000 nicaragüenses y 7.000 nepalíes, cuya protección vencía entre el 5 de agosto y el 8 de septiembre.
Gracias al fallo de Thompson, estos migrantes podrán conservar su estatus legal y permisos de trabajo hasta al menos el 18 de noviembre de 2025. En esa fecha se celebrará una audiencia sobre el fondo del caso.
La jueza Thompson argumentó que la decisión del gobierno de Trump de eliminar el TPS no se basó en una revisión imparcial de las condiciones humanitarias en los países de origen, sino en una política “preordenada” y cargada de “sesgo racial y xenófobo”.
Expresiones de Kristi Noem
La jueza Thompson citó expresiones del propio Trump y de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como evidencia de ese sesgo.
“El sueño americano no debería depender del país de origen ni del color de piel”, escribió Thompson, destacando que los beneficiarios del TPS “sólo buscan libertad y estabilidad”.
Además, el fallo ordena que no se ejecuten deportaciones ni se cancelen permisos mientras el proceso judicial continúa. Si no se alcanza un fallo definitivo en noviembre, la protección legal podría ser prorrogada nuevamente. Esta decisión representa un revés judicial significativo para la política migratoria de Trump.
La actual administración ha intentado cancelar el TPS para más de un millón de personas de países como Haití, Venezuela y Ucrania. La decisión de Thompson también ofrece un respiro a miles de familias migrantes que llevan años en EE.UU., y que ahora enfrentan un escenario legal incierto.
El Estatus de Protección Temporal es una medida migratoria que permite a ciudadanos de ciertos países permanecer y trabajar legalmente en los Estados Unidos si sus naciones atraviesan situaciones excepcionales que impiden su retorno seguro. Estas situaciones pueden incluir desastres naturales, conflictos armados o crisis políticas severas.