La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó este martes 5 de agosto la llamada Ley de Territorio Fronterizo, una normativa que declara como propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros de profundidad a lo largo de todas las fronteras del país.
La decisión que ha sido calificada como una “Gran Confiscación” por opositores y expertos, implica el traspaso forzoso de miles de viviendas, fincas, comunidades indígenas y territorios campesinos, afectando al menos 27 municipios del norte y sur de Nicaragua.
Bajo el argumento de “salvaguardar la soberanía, integridad territorial y la paz”, el régimen estableció una “zona de control especial” bajo dominio del Ejército, militarizando amplias regiones y arrebatando la propiedad privada en un acto sin precedentes.
La ley fue impulsada y aprobada de forma expedita por la Asamblea Nacional sin consulta pública, en un nuevo golpe a los derechos ciudadanos.
La comandante guerrillera y ex presa política Dora María Téllez alertó que “si estás viviendo a menos de 15 km de la frontera, tu propiedad, cualquiera que sea, ahora es del Estado”.
Denunció que se han confiscado pueblos enteros como Waspam, Jalapa, Somoto, San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua, entre otros.
“Comunidades en la reserva Indio Maíz. Todas las casas de todos esos lugares y aledaños han sido confiscadas. Todas las tierras y propiedades de todo tamaño han pasado a ser propiedad del Estado”, dijo a través de sus redes sociales.
Enrique Sáenz, analista político y exdiputado, cuestionó el pretexto del régimen: “¿Y con quién están en guerra? (…) Lisa y llanamente se trata de un cuento chino para seguir entregando la soberanía nacional a los chinos con las concesiones mineras. Y, de paso, como mafia que son, se llevan su buena tajada”.
“¿Alguien puede tragarse el cuento de la mafia en el poder de que la «ley» aprobada por los sirvientes de la dictadura es para ‘salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacional, la integridad territorial, la Independencia del País y la paz’?… Desde el 2010 con la ley 749 se habían reservado los 15 kilómetros de la zona fronteriza ¿Por qué imponen una nueva ley?”, cuestionó.
El opositor y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro calificó el hecho como “la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua”, estimando que la franja representa aproximadamente 18 mil kilómetros cuadrados.
Advirtió que esta medida tendrá efectos devastadores sobre los derechos de propiedad e inversiones, agravando aún más la inseguridad jurídica en el país.
La organización opositora UNAMOS denunció que la ley afecta a miles de viviendas, fincas y comunidades.
“Es otra muestra de la inseguridad jurídica que vivimos los nicaragüenses en todos los campos. Solo en democracia habrá plena seguridad jurídica para todos”, anotó en una declaración.
Desde el exilio, el colectivo Conexión USA Nicaragua advirtió que la nueva ley transforma las comunidades limítrofes en “zonas militarizadas” y calificó la medida como “represión disfrazada de seguridad”.
Con esta ley, el régimen Ortega-Murillo elimina cualquier resquicio de protección a la propiedad privada en zonas fronterizas y se reserva el derecho de ocupar y controlar vastos territorios sin compensación, afectando directamente a comunidades rurales, pueblos indígenas y pequeños propietarios.
La norma deroga el régimen jurídico anterior de fronteras y concentra aún más el poder del Estado en nombre de una seguridad nacional instrumentalizada para legitimar el despojo.
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