La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó la noche de este lunes su profunda preocupación por la promulgación en Nicaragua de la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” que prohibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un “golpe de Estado”, alteren el orden constitucional y/o “aplaudan la imposición de sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos”.
“La Secretaría General de la OEA hace un llamado al gobierno para derogar la ley en cuestión, y reitera su llamado a iniciar un proceso con los diversos actores políticos y sociales del país, para emprender las reformas electorales necesarias que garanticen una libertad justa y elecciones transparentes. Asimismo, la Secretaría General de la OEA está dispuesta a asesorar sobre el proceso de reforma de las normas electorales, acordado en su momento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA”, reza un comunicado publicado en el sitio web de la OEA.
El organismo regional señaló que dicha ley aprobada hoy en la Asamblea Nacional “busca restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral, en un claro ataque a los principios básicos de un estado democrático, de acuerdo con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana”.
Asimismo, indicó que celebrar elecciones mientras se impide la participación de quienes legítimamente se oponen al régimen orteguista es un ataque a los derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
“El gobierno nicaragüense, mediante este tipo de actos, negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando las elecciones de 2021 en una imposición más que en una elección”, apuntó.
La Secretaría General de la OEA le recordó al régimen de Ortega su compromiso expresado públicamente de implementar las recomendaciones de la última Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA desplegada para las elecciones municipales de 2017, “que incluían medidas que sin duda mejorarían las condiciones democráticas en el país, y se diferencian radicalmente de las que ahora se están implementando”.
La ley, compuesta por dos artículos, establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, no podrán optar a cargos de elección popular.
Tampoco los que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Además, quedarán inhabilitados a optar a cargos de elección popular “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.