Varias organizaciones internacionales expresaron su preocupación ante la última iniciativa de ley que sacó el dictador Daniel Ortega que “criminalizaría la libertad de expresión” tanto de periodistas como de activistas.
En concreto, el artículo 30 de la “Ley Especial de Ciberdelitos” contempla penas de prisión a aquellas personas que utilicen “las tecnologías de la información y comunicación para publicar lo que ellos consideren noticias falsas, tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población”, lo que para ONGs es “la última gota que derrama el vaso de la censura que se está viviendo en Nicaragua”.
Al respecto, Luis Botello, vicepresidente de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), con base en Washington, sostuvo durante una entrevista con el medio Voz de América que “todos sabemos que es una decisión sumamente restrictiva para la libertad de prensa y de expresión”.
En ese sentido señaló que la aparición de noticias falsas es motivo de preocupación en cualquier sociedad, pero criticó que en Nicaragua se está utilizando esa problemática para aprovecharse y “limitar la libertad de prensa”.
“En un país como Nicaragua, donde la prensa independiente prácticamente ha sido cerrada y tiene muy pocas posibilidades de poder informar de manera libre y sin tener que pensar en represalias, este tipo de medidas estarán en manos de autoridades que van a decidir qué es verdad y qué no es verdad”, expresó. “Eso limitaría cualquier juego de ideas libres que requiere una democracia”, agregó.
La organización que él representa tiene como objetivo “elevar los estándares del periodismo alrededor del mundo”. Ante una situación como la que se vive actualmente en Nicaragua, la ICFJ defiende “una salida política como la (opción) más adecuada” aunque hoy en día “es imposible”.
“Existen dos realidades. Una es que el gobierno de Nicaragua cree que no puede existir la libertad de prensa y de expresión en una sociedad como esa, y otra realidad es que otros están luchando por esa libertad”, agregó al respecto.
Ley de “agentes extranjeros”
Otra iniciativa de ley alarmante en Nicaragua es la de la regulación de “agentes extranjeros” a periodistas y activistas de otros países.
“Eso se convierte en otro mecanismo de control de la sociedad civil. En un país donde se requiere un amplio debate de ideas, eso debilita el sistema de pesos y contrapesos que debe existir en una democracia donde la sociedad es la que exige la rendición de cuentas y son los medios los que proponen y exigen políticas públicas que beneficien a la sociedad”, subrayó.
Gerardo Berthin, director de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, una entidad que trabaja por defender los derechos humanos y promover la democracia en todo el mundo, dijo que ese proyecto de ley “forma parte de la escalada represiva contra los medios independientes”.
Por eso, Berthin instó a “la comunidad internacional” a crear alianzas de manera que se pueda ejercer “presión a distintos niveles”.
“A nivel regional con la Organización de Estados Americanos, a nivel internacional con las Naciones Unidas y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, para que el gobierno de Nicaragua deje de hostigar a los medios de comunicación”, agregó.
Berthin aseguró que este tipo de prácticas, que limita la libertad de prensa, ya se ha visto en otros países como Venezuela o Bolivia. El objetivo de la administración de Daniel Ortega, -advierte-, es “sembrar miedo, dividir a la población y quitarles el derecho a saber y estar informados”.
Mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha puesto de manifiesto el “valiente” esfuerzo que están haciendo tanto los medios de comunicación como los periodistas independientes para seguir reportando lo que está pasando en el país.
“Es un ambiente complicado, difícil para los medios independientes y críticos, pero no se puede decir que su trabajo sea imposible porque eso sería ignorar los esfuerzos hechos por muchos medios y periodistas en Nicaragua para seguir informando”, señaló el respecto Natalia Southwick, coordinadora de Sudámerica y Centromérica del CPJ.