El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que prorroga dos años más el trabajo del Grupo de Expertos encargado de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua desde el inicio de la crisis social y política de 2018.
La resolución, que tuvo que ser votada por petición de la delegación cubana ante el consejo, se aprobó con 21 votos a favor, cinco en contra (los de China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam) y 21 abstenciones.
La resolución que pidió extender la vigilancia sobre Nicaragua fue redactada por ocho países americanos (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Paraguay) y tuvo el apoyo también de Argentina y México. Las únicas abstenciones latinoamericanas fueron de Honduras y Bolivia.
La votación renovó la resolución 49/3 del Consejo, aprobada en marzo de 2022, manteniendo los mandatos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y de la OACNUDH, encargados de documentar denuncias sobre graves abusos cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago, denunció en su último informe, presentado en la actual sesión del consejo, que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
El GHREN tiene además el mandato de identificar las causas de esas violaciones y a sus responsables, y de preservar las pruebas para apoyar futuros procesos de justicia.
Los principales organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones políticas opositoras de Nicaragua habían instado a la ONU a renovar ambos mandatos, por considerar que el país sigue sufriendo falta de libertad y violaciones a las garantías individuales por parte del régimen.
Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dijo que esta “excepcional renovación” refleja precisamente “la gravedad y el constante empeoramiento de la crisis de derechos humanos” en Nicaragua y de “la clara falta de voluntad de su gobierno para colaborar con la ONU” en afrontarla.
A inicios de marzo, el GHREN presentó un primer informe en el cual concluyó que las “violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos” y que “permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad” por parte del gobierno de Nicaragua.
El grupo de expertos de la ONU “tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”, señaló el documento.
*Con EFE