La copresidencia inventada y la negociación que puede sellar la impunidad en Nicaragua

Por Marco Aurelio | Viernes 13 de febrero, 2026

Las recientes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al calificar la “copresidencia” de Rosario Murillo como una invención sin elecciones ni mandato popular, confirman algo que la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional ya saben: en Nicaragua no existe un orden democrático, sino un régimen dinástico que ha clausurado el derecho al voto y concentrado el poder sin legitimidad alguna.

Sin embargo, esta claridad política no debe confundirse con un camino automático hacia la rendición de cuentas. La deslegitimación diplomática, aunque necesaria, no equivale a justicia, ni garantiza que Daniel Ortega, Rosario Murillo y la cúpula del régimen enfrenten consecuencias penales en el corto plazo. La coyuntura actual abre, más bien, un escenario complejo donde la negociación puede convertirse tanto en una vía de salida como en un mecanismo de consolidación de la impunidad.

Presión sin ruptura: el límite de la estrategia internacional

La postura de Washington refleja una estrategia de presión sostenida: sanciones, aislamiento político y narrativa de ilegitimidad. No obstante, esta política convive con un cálculo estratégico más amplio: evitar un colapso abrupto del régimen que derive en inestabilidad regional, crisis migratoria o vacíos de poder.

En ese marco, la presión internacional tiende a contener, no a desmantelar. El resultado es una “zona gris” donde el régimen sobrevive bajo sanciones, reprime internamente y busca oxígeno externo a través de alianzas con actores como Rusia, China y, especialmente, Cuba.

El factor Cuba: estabilidad antes que democracia

Cuba juega un rol silencioso pero central. No actúa como promotora de transiciones democráticas, sino como garante de estabilidad autoritaria. Su interés no es la apertura política en Nicaragua, sino evitar un efecto dominó que afecte su propio modelo de control.

Por ello, cualquier negociación en la que Cuba tenga un rol protagónico —y no meramente técnico o de intermediación— tiende a priorizar salidas ordenadas sin justicia, donde se preserve la continuidad del poder o se garantice protección personal a las élites gobernantes.

Negociar sin impunidad: una condición indispensable

La experiencia regional demuestra que no toda negociación debilita a las dictaduras; muchas las legitiman. En el caso nicaragüense, una negociación que no incorpore elementos mínimos de responsabilidad terminaría consolidando la impunidad histórica.

Una negociación que realmente abra una transición debería cumplir, al menos, cinco condiciones esenciales:
1. Excluir amnistías generales y preservar la posibilidad de procesos bajo jurisdicción universal.
2. Vincular cualquier alivio de sanciones a medidas verificables, reversibles y graduales.
3. Contar con garantes con capacidad real de presión, no solo acompañantes políticos.
4. Separar la salida del poder del destino penal del clan gobernante, dejando este último fuera del control de la negociación.
5. Una contraparte opositora unificada y con mandato claro, capaz de representar tanto al exilio como a actores internos.

Sin estos elementos, la negociación no será una salida democrática, sino un pacto de supervivencia autoritaria.

El riesgo real: impunidad heredada

La invención de la copresidencia no es solo una maniobra jurídica; es un intento de heredar el poder y normalizar la dictadura familiar. Si la comunidad internacional se conforma con declaraciones contundentes pero sin una estrategia coordinada de costos creíbles, el resultado será previsible: Ortega podrá retirarse, Murillo consolidarse y la impunidad institucionalizarse.

La pregunta ya no es si el régimen es ilegítimo —eso está claro—, sino si la presión internacional y la oposición democrática están dispuestas a ir más allá de la retórica y evitar que la negociación se convierta en el certificado final de la impunidad en Nicaragua.

Nota del autor
Marco Aurelio es ciudadano nicaragüense, exiliado político. Reside en Alemania. PhD en Geopolítica y Desarrollo Económico por la Universidad Técnica de Múnich (Technische Universität München).