En política internacional existen ironías que el tiempo termina revelando con crudeza. Una de ellas podría estar desarrollándose silenciosamente en torno al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante décadas, el Estado de Nicaragua ha utilizado el derecho internacional como herramienta política y jurídica. En los años ochenta llevó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo a la guerrilla “contra”. Más recientemente, el mismo gobierno presentó una demanda contra Alemania por su apoyo militar a Israel.
Sin embargo, la historia tiene una forma peculiar de girar sobre sí misma. El informe presentado el 10 de marzo de 2026 en Ginebra por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas plantea un escenario que podría invertir el sentido de esa estrategia jurídica.
El documento detalla cómo el aparato estatal nicaragüense habría financiado la represión interna con fondos públicos y mantenido estructuras de vigilancia contra opositores y ciudadanos en el exilio. Si estas conclusiones se consolidan en expedientes jurídicos robustos, el problema deja de ser únicamente político.
Se convierte en un problema de responsabilidad internacional.
Cuando la represión se convierte en crimen internacional
El derecho internacional contemporáneo reconoce que ciertos actos cometidos por Estados o por sus autoridades pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando forman parte de un ataque sistemático contra la población civil.
Entre ellos se incluyen:
- persecución política
- encarcelamientos arbitrarios
- exilio forzado
- vigilancia y hostigamiento contra opositores
- represión sistemática contra manifestaciones civiles
Gran parte de estas conductas han sido documentadas por organismos internacionales desde la crisis iniciada en 2018.
Si se demuestra que estas acciones formaron parte de una política estatal coordinada, la responsabilidad podría recaer no solo en instituciones, sino también en individuos.
Y en ese momento entra en escena la Corte Penal Internacional.
El camino hacia la Corte Penal Internacional
El principal obstáculo jurídico es que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte.
Sin embargo, el derecho internacional prevé mecanismos para superar esa limitación.
Uno de ellos es una remisión del caso por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ocurrió con Sudán en el caso del expresidente Omar al-Bashir.
El problema es que esa vía depende de la geopolítica: cualquier resolución podría ser bloqueada por potencias con derecho a veto como Rusia o China.
Pero existe una segunda posibilidad que los juristas internacionales consideran cada vez más viable: la jurisdicción por crímenes transnacionales.
Si actos de persecución o vigilancia se ejecutan contra ciudadanos exiliados en territorios de Estados que sí son parte del Estatuto de Roma, la Corte podría reclamar jurisdicción.
Países como Costa Rica, España o Alemania —donde residen miles de nicaragüenses exiliados— podrían convertirse en escenarios jurídicos relevantes en este contexto.
La otra vía: juzgar al Estado
Pero el derecho internacional no solo juzga individuos.
También juzga Estados.
Y ahí entra nuevamente la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas.
A diferencia de la Corte Penal Internacional, este tribunal no procesa a líderes políticos, sino que decide si un Estado ha violado obligaciones internacionales.
Es precisamente el tribunal al que Nicaragua acudió en el pasado para demandar a Estados Unidos y, más recientemente, a Alemania.
Ese antecedente abre una paradoja histórica.
Si otros Estados consideran que el gobierno nicaragüense ha violado tratados internacionales —como convenciones sobre derechos humanos o protección de refugiados— podrían iniciar un procedimiento contra Nicaragua ante ese mismo tribunal.
En ese escenario, el caso no buscaría encarcelar a funcionarios, pero sí establecer responsabilidades internacionales, ordenar reparaciones y exigir cambios de conducta.
Los actores capaces de impulsar un proceso internacional
Para que cualquiera de estas vías prospere se necesita algo más que evidencia jurídica.
Se necesita voluntad política.
Entre los países con mayor capacidad para impulsar procesos judiciales internacionales destacan:
- Estados Unidos
- Canadá
- Alemania
- España
- Países Bajos
- la Unión Europea
Estos Estados no solo tienen influencia diplomática. También cuentan con sistemas judiciales capaces de aplicar jurisdicción universal, un principio que permite procesar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde fueron cometidos.
Ese mecanismo ya ha sido utilizado en Europa para procesar responsables de crímenes cometidos en lugares como Siria y Ruanda.
La batalla real: construir los expedientes
Sin embargo, ningún tribunal internacional actúa solo por presión política o indignación moral.
Actúa sobre pruebas.
El paso decisivo será la construcción de expedientes jurídicos sólidos que documenten:
- cadenas de mando
- órdenes operativas
- financiamiento de la represión
- estructuras de inteligencia y vigilancia
Los tribunales internacionales no juzgan sistemas abstractos.
Juzgan responsabilidades concretas.
La paradoja final
Durante años, el gobierno de Nicaragua utilizó el derecho internacional como un escenario para confrontar a otras potencias.
Hoy ese mismo sistema jurídico podría convertirse en un espacio donde se examinen las responsabilidades del propio régimen.
Es una ironía histórica que el tiempo podría terminar revelando con claridad.
El pueblo Nicaragüense ya sabe que en el derecho internacional hay una regla silenciosa que muchos gobiernos autoritarios olvidan:
los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Y la historia judicial de La Haya demuestra que, tarde o temprano, los expedientes que comienzan como informes terminan convirtiéndose en juicios. O como se dicen nuestros políticos criollos, en política, las facturas se guardan.
Y eso no es venganza, es simplemente justicia.
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Nota del autor
Marco Aurelio Nicaragua es ciudadano nicaragüense, exiliado político. Reside en Alemania.