No cabe la menor duda de que el régimen Ortega-Murillo, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad una trama (la represión 2018) que se logró exhibir con toda su crudeza y realidad gracias a los informes de la CIDH, MESENI y GIEI.
El encubrimiento ha sido el sello del tratamiento oficial de los acontecimientos. Sin embargo, esta claramente establecido las responsabilidades de prominentes funcionarios públicos en el cúmulo de crímenes e irregularidades perpetradas con el fin de denegar la justicia a las víctimas y sus familiares.
La sociedad entera debe estremecerse y escandalizarse ante la perspectiva de que continúe impune una serie de violaciones tan graves y evidentes de los derechos humanos. La justicia y la reparación integral del daño son deudas ineludibles, en primer lugar, con las víctimas y sus seres queridos, pero también con Nicaragua como un todo, pues un país no puede permitirse vivir con esta afrenta a cuestas.
Nicaragua continúa viviendo una pesadilla de represión política y violencia estatal. Hay que estar claro que las decisiones políticas del régimen Ortega-Murillo no se basan en principios o valores, sino se fundan en cómo conservar el poder. Piensa que, si tiene la mayoría en la Asamblea Nacional y control de todas las instituciones estatales, puede hacer lo que ellos quieran.
