El Dr. Uriel Pineda, un destacado master y consultor independiente en derechos humanos, ofreció un análisis sobre la reciente solicitud realizada por dos abogados argentinos para la captura internacional de Daniel Ortega,  Rosario Murillo y otros responsables por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.

Según Pineda, la solicitud de captura contra Ortega, Murillo y otros funcionarios nicaragüenses, que se basa en imputaciones graves como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, mantiene el tema de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega Murillo en el foco de la “agenda pública internacional”.

El experto subrayó que este hecho es crucial, ya que asegura que el régimen no pueda evadir la atención global sobre sus violaciones a los derechos humanos.

El Dr. Pineda destacó varios puntos claves sobre el impacto de esta solicitud:

Jurisdicción universal y efecto de llamado internacional

La solicitud de captura subraya el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de Argentina, un principio que obliga a los países a procesar crímenes graves como los crímenes de lesa humanidad, independientemente de dónde se hayan cometido.

Este enfoque no solo mantiene a Nicaragua en el radar internacional, sino que también actúa como un llamado a otros países para que consideren acciones similares.

“Que Argentina esté avanzando en este proceso es un llamado indirecto a otros países, a otras jurisdicciones para que también tomen acciones en contra del régimen Ortega Murillo”, dijo Pineda.

Implicaciones jurídicas y documentación

Pineda enfatizó que el proceso argentino, incluso si no resulta en una captura inmediata, sirve como un ejercicio de documentación detallada sobre la responsabilidad penal de los imputados.

Esta documentación puede ser crucial en futuras transiciones democráticas o en eventuales juicios ante tribunales internacionales. El rigor en la recopilación de pruebas también contribuye a la construcción de una memoria histórica sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

“Con independencia de que este proceso prospere y nos lleve a otra situación más gratificante para quienes esperamos justicia pronta en Nicaragua, sirve como un ejercicio de documentación muy puntual sobre la responsabilidad penal de estos actores, y en una eventual transición democrática o ante un tribunal internacional que pudiese presentarse, hay ya un ejercicio de documentación que sirve de base para el establecimiento de la responsabilidad o para el llamado a cuenta del régimen en su conjunto”, recalcó.

Desafíos de la captura internacional

El Dr. Pineda comentó que, aunque se solicite una orden de captura internacional contra los dictadores de Nicaragua, la ejecución de esta orden dependerá de la cooperación internacional, que podría ser difícil de obtener, especialmente considerando la negativa de las autoridades judiciales nicaragüenses.

Sin embargo, destaca que la existencia de una orden de aprehensión podría limitar la movilidad de los dictadores y crear riesgos para ellos si intentan viajar a países que no sean aliados del régimen.

“Estas personas (Ortega, Murillo y otros) tendrían como limitantes o un temor fundado de acudir a otras jurisdicciones, o a otros países que no sean Venezuela o Cuba (…) Se va a convertir Nicaragua y tal vez países aliados en una gran cárcel para estos personajes políticos justamente por el requerimiento que hace la justicia Argentina… Creo que ese impacto de limitar su movilidad geográfica es importante”, sostuvo.

Posibilidad de acción por la Corte Penal Internacional

Pineda mencionó dos escenarios en los que la Corte Penal Internacional (CPI) podría intervenir en este proceso contra la dictadura nicaragüense.

Primero, a través del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque reconoce que esta opción es improbable debido a los posibles vetos de miembros permanentes como Rusia y China.

Segundo, en el contexto de una transición democrática en Nicaragua, donde el país podría ser suscrito al Estatuto de Roma retroactivamente, permitiendo así la competencia de la CPI.

“Hay ciertos lugares donde podría ejercerse el tema de la jurisdicción universal y yo creo que la noticia de que este proceso avance en Argentina va a alentar sin lugar a duda a que otros países también se organicen y tomen acciones, ya sea las víctimas o alguna representación de víctimas”, indicó.

“Lo políticamente viable puede ser una suscripción del Estatuto de Roma con efecto retroactivo, teniendo en consideración el colapso que enfrenta el Poder judicial o la administración de justicia en Nicaragua. Porque una de las causales de la competencia complementaria que tiene la Corte Penal Internacional justamente es esta, de que si no hay condiciones en un país para procesar a personas, entonces se activa la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional”, explicó el abogado.

Impacto en las víctimas y la construcción de memoria histórica

El experto añadió que la apertura del proceso en Argentina también ofrece a las víctimas la posibilidad de ver reconocidos sus sufrimientos y de contribuir a la construcción de una memoria histórica sobre las violaciones.

La identificación y documentación exhaustiva de las víctimas y responsables es esencial para asegurar justicia a largo plazo.

“Vamos construyendo desde ya nuestra memoria histórica y más temprano que tarde llegará el momento de la rendición de cuentas, no solo a Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino todos aquellos colaboradores cercanos que se han prestado a la comisión de estos crímenes de lesa humanidad”, auguró.

Pineda concluyó señalando que, aunque el proceso judicial puede enfrentar múltiples obstáculos, su avance representa un paso importante en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas.

La presión internacional y la continua documentación de las violaciones a los derechos humanos jugarán un papel crucial en el futuro del régimen Ortega Murillo y en la búsqueda de justicia para el pueblo nicaragüense.