Ezequiel Molina | Octubre 15, 2024
El 15 de octubre de 2008 se conmemoró por primera vez el Día Internacional de las Mujeres Rurales, dicho reconocimiento fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 62/136 a finales de 2007, la cual señala acertadamente, “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Para 2015 Nicaragua tenía una población femenina total de 3.1 millones, de las cuales 1.3 millones habitaba en el sector rural (INIDE), de esa población rural de mujeres, no todas se dedican a las actividades del agro, y es que las estadísticas oficiales -INIDE y Banco Central- no desglosan la información entre hombres y mujeres en su desempeño económico, lo cual conlleva al ocultamiento del aporte real de la mujer rural nicaragüense y su participación específica en la producción de alimentos, pero también en su condición de propietaria o no de la tierra que trabaja, acceso a las fuentes crediticias, a tecnologías productivas y capacitación, así como otros indicadores que muestren la evolución de la mujer como agente productivo de cambio y tomadora de decisiones con las mismas oportunidades que los hombres, y la importancia de conocer el efecto real de las políticas públicas dirigidas a reducir la inequidad de género.
De acuerdo con el Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES, 1992), la Reforma Agraria de 1981 acentúo la brecha entre hombres y mujeres que recibieron tierra, ya que dicha entrega no atendió las diferencias de género, principalmente en lo referido al acceso y manejo de los recursos que potenciaran la producción y el ingreso familiar, tales como crédito, asistencia técnica, capacitación y canales de comercialización. A finales de los años 80 existían más de 3 mil cooperativas agropecuarias, con poco más de 85 mil afiliados, de los que sólo el 10% eran mujeres.
Después de años de lucha, en junio de 2010, las mujeres rurales nicaragüenses lograron que se aprobara la Ley 717, Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para mujeres rurales. En 2017 se registró el último intento de las mujeres para pedir al gobierno sandinista que asignara el fondo prometido del presupuesto general de la República, pero no obtuvieron respuesta alguna, sin embargo,10 años después (2020), en un evento propagandístico, el dictador Ortega, mediante el Decreto 52-2010 publicó el reglamento de dicha ley, sin que hasta ahora se materialice el fondo para la compra de tierras.
Lo anterior evidencia la falacia dictatorial de promulgar leyes que jamás cumplirá, y la absoluta falta de compromiso para reivindicar la lucha económica, social y política de la mujer nicaragüense. Los futuros servidores públicos deben tener en su agenda de acción, el abordaje de manera responsable de las demandas de las mujeres nicaragüenses en general y de la mujer rural en particular, que constituye un pilar fundamental en la producción, la protección del medio ambiente y la vida social del país.