Segunda entrega.
Guiomar H. Praslin Dormus | 26 noviembre 2024
La Constitución para el ciudadano, es lo que la Biblia para el creyente, es el alma y nervio del Estado de Derecho, es la consignataria de las cánones básicos y elementales de la vida de la nación y sus poderes. Reconoce los derechos inalienables al ser humano, establece las protecciones al menos básicas que debe garantizar el estado al ciudadano en los distintos escenarios de la vida social, política, económica.
En el pasquín orteguista se reforman los artículos 23, 24, 25, 26, sobre derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Al leerlos en detalle constituyen “Burlas Chamucas” porque cuanta sorna contienen. El derecho a la vida es inviolable dictaminan, pero cada día de sus vidas las personas presas políticas mueren un poco sometidas a tratos crueles y degradantes, se ha asesinado a ciudadanos dentro de régimen carcelario como a Eddy Montes. El artículo 24 establece una serie de escenarios específicos precisamente que el régimen a través del brazo represor los violenta todos. El ciudadano tiene derecho a su seguridad pero los índices de inseguridad en el país han llegado a extremos en el que tomar una unidad de autobús es inseguro porque el ciudadano corre riesgo a ser detenido en una requisa policial, a ser asaltado por la delincuencia común dada la masa poblacional de reos comunes liberados, o a sufrir un accidente porque el bus no cuenta con los mantenimientos de rigor ya que los órganos competentes de velar por ello no cumplen su función regulatoria y de inspección. El ciudadano goza de libertad individual, sin embargo, está limitado de salir de su casa dado el acoso constante que es víctima. A la inviolabilidad de su domicilio, sin embargo, han sido asesinados dentro de sus propias casas como a la familia Pavón López en el Carlos Marx. Los ciudadanos tienen derecho a la inviolabilidad de su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo, pero interceptan y espían las comunicaciones, el asedio se extiende hasta a las redes sociales donde los ciudadanos son revisados de hasta las reacciones que tienen con respecto a información y comentarios de tipo político-social. A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley, sin embargo, el acusado desde su detención que siempre es arbitraria y dentro del “debido proceso” es culpado a priori sin que se haya comprobado delito alguno. Aduce dicho arto que el ciudadano no será obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su pareja de vida o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable. Pero el brazo represor en sus redadas secuestra a los hijos del ciudadano, su conyugue incluso sus nietos a quienes obligan a declarar como medio de presión. A no ser procesados dos veces por el mismo delito, que burla esta para Olesia Muñoz y Yubrank Suazo ambos víctimas de encarcelamiento múltiple acusados del mismo delito. A que sea respetada su integridad física, psíquica y moral, que guasa para la familia Alonso de León que han sido víctimas de la actitud delincuencial de Fidel Domínguez en reiteradas ocasiones dentro del seno de su hogar en el barrio Fundeci.
Con respecto al arto 25 sobre la igualdad absoluta entre hombres y mujeres es de presumir está enfocada a la igualdad exclusiva entre el comandante y la compañera pues en un país con alto índice violencia contra la mujer:73 asesinadas de manera atroz en lo que va del 2024 (cifra actual), con una de las tasas más altas de maternidad infantil, una población femenina con evidentes barreras sociales y económicas para laborar y/o segregadas al trabajo poco remunerado solo para ganar el salario mínimo mensual. El arto 26 establece que los nicaragüenses en el extranjero gozan de la protección del estado, pero, es reiterado el riesgo de ser atacados por grupos de seguridad que operan desde la embajada nica en Costa Rica tal es el caso de los opositores Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto.
Los artos 27 y 28 sobre la libertad de expresión del ciudadano limitada por el derecho ajeno, sin embargo, nadie en Nicaragua tiene el pleno ejercicio de esta libertad incluidos los operadores del régimen. Eliminan del arto 27 la importante premisa constitucional de la igualdad de las personas ante la ley sin discriminación de ningún tipo que es una premisa universal, porque precisamente en Nicaragua hay un trato diferenciado y de desprecio para el ciudadano evidentemente opositor.
El arto 29 sobre la garantía constitucional del debido proceso: ningún ciudadano será privado de su libertad y detenido arbitrariamente mediando orden judicial. Eliminando el derecho del ciudadano detenido a ser informado de las causas de su detención, acusación, a avisar a algún familiar y ser tratado con respeto y dignidad. Todo esto esta ajustado al modus operandi contra cada persona que es secuestrada y encarcelada de manera violenta.
Aplican la discrecionalidad a la pena de prisión perpetua, de manera que esta podría ser condena circunstancial contra personas presas políticas.
El arto 46 recoge la prohibición de confiscación de la propiedad privada lo que representa una burla más y ya referida en la primera entrega.
Con respeto a los derechos sociales como educación, salud, protección de las personas con capacidades diferentes, a gozar de un medioambiente saludable, seguridad alimentaria, vivienda digna, derecho a la información son todos derechos conculcados, son deudas pendientes con el pueblo.
El arto 70 referido a la familia, traza conservadoramente líneas desajustadas a la realidad de los tiempos y del país; muchas familias están compuestas por mujeres madres solteras, dada la migración muchas familias están jefeadas por las abuelas. Perdieron la oportunidad de actualizar esta realidad social al igual que la del matrimonio.
Derecho al trabajo, fuero sindical, trabajo de los menores de edad, seguridad social, son parte de las burlas chamucas dadas las tasas de desempleo, de trabajo informal y subempleo. El sindicalismo por su parte cooptado y tendiente a la desaparición; los sindicatos han sido desnaturalizados al grado de que los sindicalistas son paramilitares al servicio de la dictadura. No existe protección alguna al trabajo infantil que está ubicado mayormente en el sector informal, vendiendo en los mercados y semáforos del área urbana. Con respecto a los fondos de la seguridad social han sido manoseados al punto que el Instituto de Seguridad Social está en quiebra técnica brindando un deficiente servicio al asegurado que, dicho sea de paso, es un sector minoritario de la población trabajadora. El pasquín orteguista está plagado de tanta burla como de falta de estilo, es una oda al totalitarismo, al conservadurismo y a la mentira.
Hasta aquí esta segunda entrega.