La oposición nicaragüense calificó este martes de “confiscatoria” un proyecto de Ley, propuesto por los diputados orteguistas, que busca controlar a las organizaciones no gubernamentales, y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras.
Esa iniciativa “es una Ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional, y además es falsa porque lo que trata en el fondo es de reprimir a opositores nicaragüenses”, dijo el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, en una declaración.
A su juicio, esa propuesta es “un nuevo zarpazo contra las libertades públicas” que impondrá “controles en contra de organizaciones, personas naturales o jurídicas” que trabajen en temas sociales, humanitarios o políticos, y que tengan relación con el exterior.
Para Chamorro, esa iniciativa otorga “enormes poderes discrecionales” al Ministerio de Gobernación que tendrá la última palabra para “confiscar”, sancionar o penalizar a un ciudadano, al punto que pueda “perder sus libertades civiles o políticas”.
Para el también representante de la Alianza Cívica, José Dávila, esa iniciativa “que pretende aprobar la dictadura”, de Daniel Ortega, “es una venganza por las sanciones” que Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado a familiares y allegados del dictador, así como a altos cargos.
“Buscan no sólo el control férreo de las transacciones que puedan tener nicaragüenses con fundaciones o entidades extranjeras con las que establezcan alguna relación de servicios o asesoría, sino que buscan sencillamente anular a los que tengan relaciones con entidades extranjeras”, criticó Dávila, exembajador nicaragüense en Alemania.
Sostuvo que la iniciativa deja a discrecionalidad del Ministerio de Gobernación “considerar que esas relaciones son interferencias de Gobiernos extranjeros”.
“Esta dictadura no tiene frenos ni escrúpulos en seguir imponiendo férreos controles a los nicaragüenses”, reprochó Dávila, que calificó la iniciativa como una “Ley draconiana”, “gravísima”, “inaceptable”, y que no puede ser permitida.
“Este Gobierno está pensando en más represión, más limitación, más control a los ciudadanos. Han perdido la brújula, el sentido común y es hora que el mundo entero se dé cuenta de hasta dónde va esta dictadura”, señaló.
La iniciativa, según el proyecto, “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
La iniciativa ordena registrarse como agente extranjero a cualquier persona física o jurídica que dentro de Nicaragua se desempeñe o trabaje como agente, representante, empleado o servidor de cualquier actividad bajo orden o la supervisión de un organismo, Gobierno, capital, empresa o fondo extranjero.
“También deben registrarse las personas que, dentro de Nicaragua, actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de Gobiernos, fundaciones, empresas o asociaciones extranjeras”, de acuerdo con el proyecto.
La autoridad competente será el Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, que será el encargado de regular, supervisar y sancionar.
Los agentes extranjeros deberán presentar de previo al Ministerio de Gobernación un informe de cualquier oferta que se le haga de su mandato extranjero sobre fondos, bienes o cualquier otro activo y objetos de valor a recibir de manera directa o indirecta para desarrollar sus actividades y explicar en qué actividades se utilizarán dichos fondos o activos.
También deberán presentar, mensualmente, un informe documentado, detallado y verificable de gastos, pagos, desembolsos, contrataciones y demás actividades vinculadas a su desempeño, y la “suma de gastos o ingresos se deberá corresponder con el monto de los ingresos y bienes recibidos”.
La iniciativa establece que las donaciones que reciban no podrán ser utilizadas para financiar actividades no declaradas previamente, y no podrán recibir donaciones o bienes materiales de cualquier tipo procedente de fuente o personas anónimas.
“Los fondos monetarios deberán ser recibidos a través de cualquier institución financiera supervisada que esté legalmente registrada en Nicaragua”, y los bancos deberán reportar los movimientos a la Unidad de Análisis Financiero.
SANCIONES E INHIBICIONES
Las personas que “actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”, según el proyecto.
Tienen también prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas, o a asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua.
Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza.
Asimismo, el proyecto advierte que la “presentación de documentos o pruebas falsas puede incurrir en responsabilidad administrativa y penal, según sea el caso, previamente determinada por autoridad competente”.
La negativa a inscribirse como “agente extranjero” autorizará a intervenir los fondos y bienes muebles e inmuebles de la persona física o jurídica que se niegue a cumplir la Ley, así como prohibir sus actividades.
La iniciativa de Ley fue introducida este martes ante la primera Secretaría de la Asamblea Nacional, cuya directiva, controlada por los orteguistas, definirá cuándo la envía a comisión.
*Con información de EFE